Procuraduría envió un oficio al alcalde de Sincelejo, luego de evidenciar situaciones de peligro relacionadas con una autorización del evento precipitada, la escasa preparación de la Gestión del Riesgo de Desastres y una verificación insuficiente a la infraestructura Corraleja
La Procuraduría General de la Nación envió un oficio al alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez, con los peligros identificados para la realización de las fiestas del 20 de enero, tras recibir la documentación relacionada con los procedimientos administrativos adelantados para la autorización del evento, así como la debida reglamentación para la construcción de la infraestructura de las corralejas en su municipio.
Luego de revisar la información y posterior al Comité́ Municipal de Gestión del Riesgo del pasado 17 de enero de 2023, la Procuraduría evidenció una autorización precipitada del evento, la escasa preparación de la Gestión del Riesgo de Desastres y una verificación insuficiente a la infraestructura Corraleja.
El ente de control identificó que, aunque el evento estaba programado para iniciar el 18 de enero de 2023 a partir de las 2:00 de la tarde, para el momento en que se realizó el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, aún no se había expedido el acto administrativo por medio del cual se autorizaba la realización de las Corralejas.
La Procuraduría dejó constancia de que el Plan de Emergencias y Contingencias para Eventos de Afluencia Masiva de Público, fue aprobado sin haber sido evaluado, con la debida antelación, por el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD). Además, dada la naturaleza del evento a desarrollar, no se hizo referencia a los criterios orientadores bajo los que se autorizó su realización y a los instrumentos con los cuales se daba cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-666 de 2010.
Adicionalmente, se identificó que los soportes solicitados a la alcaldía de Sincelejo sobre las orientaciones, recomendaciones y directrices de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, “Guía Técnica para la reglamentación local de eventos con aglomeraciones de público”, estaba incompleta y para el momento de la sesión del Comité́ Municipal de Gestión del Riesgo, aún no se contaba con la versión final del PEC definitivo debidamente aprobado.
La Procuraduría también evidenció, según su comunicado oficial, deficiencias en cuanto al personal logístico, médico y de enfermería disponible para la realización del evento, esto en relación con el control de aforo y en virtud de la boletería autorizada (7.300 personas), contrastada con el aforo máximo permitido en la infraestructura de la corraleja (6.500 personas), entre otros aspectos exigidos en las citadas normas, que son necesarios para poder evaluar técnicamente la efectividad del PEC.
En relación con la descripción para el manejo y disposición final de residuos sólidos o de los animales que eventualmente murieran en el desarrollo del evento, no fue claro cómo se desarrolló el Plan de Manejo Ambiental (PMA). En el mismo sentido, se evidenció que el personal destinado para el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) resultaría ser insuficiente en relación con la ubicación del sitio.
Finalmente, el ente de control identificó una verificación insuficiente a la infraestructura de la Corraleja. Sobre este punto, en el Comité del 17 de enero de 2021, se solicitó información concreta frente a los protocolos usados para la prueba de carga de la estructura realizada el 16 de enero y los resultados de esta, ya que, para la fecha, no se contaba con un informe definitivo o certificación final de satisfacción o cumplimiento de la prueba, ni los protocolos empleados para la prueba de carga.
La Procuraduría, luego de las falencias observadas durante la preparación de las fiestas del 20 de enero, exhortó al alcalde, para que, en su papel de garante, actúe con la diligencia que su cargo demanda y tome las medidas que permitan conjurar las situaciones de peligro alertadas, como un mecanismo de anticipación a la ocurrencia de posibles hechos que puedan poner en riesgo a la población.
