El máximo tribunal administrativo admitió una demanda contra el efímero senador, en caso de las Unidades de Trabajo Legislativo a las que tiene derecho su exfórmula vicepresidencial Marelen Castillo en la Cámara de Representantes.
El próximo lunes 30 de enero, el exsenador Rodolfo Hernández Suárez deberá presentarse a una audiencia convocada por el Consejo de Estado, como parte del proceso que este tribunal le adelanta por un supuesto tráfico de influencias.
El máximo tribunal administrativo admitió una demanda de pérdida de investidura contra el excandidato presidencial, por haberle solicitado a su exfórmula vicepresidencial Marelen Castillo, contratar entre su equipo UTL (Unidades de Trabajo Legislativo) -tras su posesión en la curul de oposición en la Cámara- a varios recomendados suyos.
Según pudo averiguar Corrillos, la demanda contra Hernández Suárez, fue interpuesta por el reconocido abogado Nisson Alfredo Vahos Pérez; mientras que el Consejo de Estado nombró como ponente al magistrado Guillermo Sánchez Luque.
En el proceso fueron llamados a declarar al menos a cuatro personas y fue desvinculada del mismo, la representante Castillo. Además, la Procuraduría deberá rendir concepto el día de la audiencia.
Este nuevo lío jurídico que afronta Rodolfo Hernández se suma al largo historial de procesos penales, fiscales, disciplinarios, civiles y administrativos, que ha afrontado en su corta carrera política.
En la actualidad, la justicia ordinaria le adelanta el proceso penal por el caso Vitalogic; en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se estudia la escisión de su recién creado partido Liga de Gobernantes Anticorrupción y en la Procuraduría tiene al menos 25 procesos disciplinarios por fallar de cuando era alcalde de Bucaramanga.
Ahora el Consejo de Estado definirá si le quita la investidura de senador por tráfico de influencias. Y, aunque ya no es congresista, de darse la sanción, podría causarle la denominada ‘muerte política’, impidiéndole aspirar a otros cargos de elección popular.
