Dice el fallo que la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de su gerente, Gabriel Abril Rojas, incurrió en desacato al fallo de tutela proferido el 3 de diciembre del 2021, confirmado el 2 de febrero de 2022 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga.

Gabriel Abril Rojas, en calidad de gerente de La Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos Domiciliarios ESP, deberá cumplir sanción de arresto de tres días y multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, según resolvió el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones Mixtas de Piedecuesta.

La sanción se da luego de que el Juzgado en mención declaró que “La Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos Domiciliarios ESP, a través de su gerente, Gabriel Abril Rojas, incurrió en desacato al fallo de tutela proferido el 3 de diciembre del 2021, proferido por este despacho, confirmado el 2 de febrero de 2022 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia”.

Pese a las respuestas que entregó la Piedecuestana de Servicios Públicos Domiciliarios, frente a la tutela interpuesta por Consorcio Xivannex PTAP, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones Mixtas de Piedecuesta declaró en su fallo incidente de desacato que “es claro que aún persiste el incumplimiento aludido a la entidad, toda vez que algunas respuestas son evasivas y nuevamente remiten al peticionario al CD que le fue aportado en la pasada administración municipal referente al contrato de obra 122 de 2018, sin emitir una respuesta clara y de fondo a lo pedido”.

Dice además el fallo de incidente de desacato que “existiendo un fallo cuya eficacia se pone en duda en vista de la no ejecución y materialización del mismo, es posible considerar que se está frente a una conducta que burla no sólo al particular que aún evidencia vulnerados sus derechos, sino también a la autoridad judicial que la impartió y a la Administración de Justicia en general, lo cual resulta bastante criticable”.

Luego del derecho de petición presentado por el Consorcio Xivannex PTAP, el representante legal del mencionado Consorcio manifestó en escrito allegado al Juzgado que “la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos Domiciliarios ESP, no había dado respuesta porque en su criterio, dicha decisión se encontraba apelada, pero eso no era óbice para que diera cumplimiento a la orden judicial, máxime que el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento de Bucaramanga, el 2 de febrero de 2022, confirmó la decisión de primera instancia, por lo que solicitó continuar con el trámite del desacato”.

El Consorcio Xivannex PTAP presentó derecho de petición a la Piedecuestana de Servicios y la misma le contestó, sin embargo, el remitente no contento con la respuesta tomó la decisión de impetrar una tutela.

En respuesta a la tutela dada a lugar, la Piedecuestana de Servicios respondió, pero el tutelante manifestó que la Piedecuestana “no ha dado cumplimiento al fallo de tutela, toda vez que al 13 de enero de 2023 el gerente Gabriel Abril Rojas no ha querido dar respuesta en forma debida al derecho de petición, radicado hace más de 16 meses y quince días ni a la sentencia en primera instancia, ni a la confirmación de segunda instancia, mostrándose renuente a responder de manera clara y en debida forma lo solicitado, pues a hoy aún no se cuenta con la información”.

Indicó el representante legal del Consorcio que el 14 de diciembre de 2022 el apoderado judicial especial Oscar Alberto Triana Corzo, elevó derecho de petición para indagar, entre otros asuntos, por qué no se había dado cumplimiento en los tiempos la respuesta en los términos de ley de la tutela de primera instancia del 3 de diciembre de 2021, confirmada el 2 de febrero de 2022.

Dice además que el 2 de enero de 2023 la Piedecuestana de Servicios Públicos “respondió a la solicitud emanada por el apoderado judicial especial del Consorcio Xivannex PTAP, calificando de confusas las respuestas a lo solicitado, en la que además enviaron copia de la respuesta dada el 26 de noviembre de 2021, adjuntando la presunta respuesta al derecho de petición del 27 de diciembre de 2022, a la cual le allegaron un cd room con unos pocos archivos incompletos de informes de interventoría en cuanto a la obra (PTAP La Colina) ya allegados, con respuestas incompletas a lo solicitado”.

Así las cosas, dice el fallo de incidente de desacato que “es evidente que La Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos Domiciliarios ESP, a través de su gerente, Gabriel Abril Rojas, aún no ha dado cabal cumplimiento a la orden contenida en el fallo del 3 de diciembre del 2021, como que no acreditó sumariamente que tal incumplimiento obedezca a razones de caso fortuito o fuerza mayor”.

Dice el Juzgado que “no queda más que señalar que se deriva de la conducta desplegada por La Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos Domiciliarios ESP, a través de su gerente, Gabriel Abril Rojas, responsabilidad subjetiva en el incumplimiento al fallo de tutela proferido por este Despacho, pues su actuar ha sido negligente y caprichoso frente a lo ordenado”.

Además que “en consecuencia, se hace necesario e indispensable imponerle sanción de arresto de 3 días y multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes como multa a dicho funcionario, arresto que podrá cumplir en su lugar de residencia, bajo la custodia que determine la autoridad policial para tal efecto”.

El Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones Mixtas ordenó además remitir “el expediente para su consulta al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga, despacho que conoció de la impugnación de acuerdo a las reglas de reparto y con lo dispuesto en el inciso 2 del art. 52 del Decreto 2591 de 1991”.

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