“A una persona a la que desplazaron o le quitaron su finca le deben reparar el perjuicio económico que le causaron, y también deben repararle el perjuicio moral que le causaron”, dijo este lunes el Ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna.
El Ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, afirmó este martes que las víctimas tienen prioridad en el proyecto de ley de sujeción a la justicia ordinaria y desmantelamiento de estructuras organizadas de crimen de alto impacto, en materia de reparación individual y colectiva.
“Aquí queremos que las víctimas sean protagonistas, que haya reparación, que les devuelvan aquello que les robaron o les ultrajaron, que haya solicitud de perdón, que parece menor, pero no lo es; y en ese sentido incluimos un capítulo de víctimas que les permite participar en los procesos para obtener reparación individual y colectiva”, explicó el Ministro Osuna.
Respecto a la reparación individual, el titular de la cartera de Justicia citó el ejemplo de una persona desplazada: “A una persona a la que desplazaron o le quitaron su finca le deben reparar el perjuicio económico que le causaron, y también deben repararle el perjuicio moral que le causaron”.
Con relación a la reparación colectiva, el Ministro manifestó que se refiere a grupos étnicos: “Si todo un grupo étnico fue desplazado o fue víctima de genocidio debe haber una reparación colectiva para el grupo, no solamente para quienes hayan sobrevivido; reparaciones para que puedan rehacer su vida cultural”.
Agregó que el propósito es que haya una reparación integral, que “en la mayor medida de lo posible le permita a la víctima volver a estar en la situación que se encontraba antes de sufrir el daño”.
“En el proyecto de ley se contemplan reparaciones activas, simbólicas, atención en salud mental, sicológica y moral”, recalcó Osuna.
En el mismo contexto, el titular de la cartera de Justicia destacó que el tema de las víctimas fue enriquecido en el proyecto presentado al Congreso de la República, frente al texto inicial presentado para estudio al Consejo Superior de Política Criminal, lo que reitera el compromiso que el Gobierno Nacional tiene con las víctimas.
Asimismo, el Ministro de Justicia resaltó que el proyecto de sujeción a la justicia no toca ninguna función de la Fiscalía General de la Nación y que el poder judicial tendrá un mayor protagonismo.
“La Fiscalía conserva sus atribuciones de investigación y de acusación, incluso, se amplían, porque si alguien será protagonista en esa política de acogimiento será el poder judicial, que incluye a la Fiscalía y a los jueces. Quien ponga la pena y la intercambie por la de 8 años será el juez y no el Gobierno; quien haga las imputaciones de los delitos que han cometido será la Fiscalía y no el Gobierno”, concluyó el Ministro.
