Procuraduría realizó visita al Proyecto Minero Buriticá de Zijin-Continental Gold. La comisión estuvo conformada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y por la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios. Cerca de 1 billón de pesos estaría perdiendo la Nación, por dejar de recibir los aportes de un proyecto legal minero.
En visita a la minera Continental Gold, en Buriticá, Antioquia, la Procuraduría General de la Nación constató que, se viene acrecentando de manera preocupante la crisis social y ambiental generada por la práctica de minería ilegal por los grupos ilegales presuntamente financiados y administrados por el Clan del Golfo.
De acuerdo con el ente de control, durante el último mes, se han multiplicado los ataques con armas largas y explosivos de uso privativo de las FFMM contra trabajadores y vehículos de la empresa multinacional Zijin-Continental Gold e integrantes de la Policía, por parte de estos grupos criminales, quienes han cavado túneles artesanales de al menos 400 metros, desde el casco urbano del municipio hasta los socavones de la empresa, con el fin de tomárselos por la fuerza para ejercer allí su actividad ilegal.
En su visita, el Ministerio Publicó precisó que, las cifras de saqueo por parte de los ilegales alcanzan las 2 toneladas de oro anuales en Buriticá, causando pérdidas cercanas al billón de pesos, que la Nación estaría dejando de recibir en términos de aportes por el desarrollo de un proyecto legal minero.
La Procuraduría también refirió que, según la empresa minera, la problemática ilegal y la falta de control del estatal, ha contribuido a que actualmente el 60 % de los túneles estén bajo el control de estos grupos, con el alto riesgo de avance y la pérdida total del control de la mina.
De acuerdo con las denuncias hechas por funcionarios de la empresa minera, en 2023 se han presentado más de 5000 hostigamientos, con un saldo de dos trabajadores muertos y 14 heridos.
Los directivos de la empresa solicitaron al procurador delegado para los Derechos Humanos intervención urgente ante las entidades estatales para recuperar el control de los socavones que estos grupos tienen en su poder.
La Delegada para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios agregó que a la alarmante situación se le suman las graves consecuencias ambientales que se generan por el uso de mercurio, afectando las fuentes hídricas subterráneas de manera irremediable, generando un riesgo geológico y la inestabilidad en el macizo, ocasionado por las falta de condiciones técnicas en el uso de explosivos por parte de los grupos ilegales.
Con esta información recaudada, el equipo de la Procuraduría se reunirá con altos funcionarios de Estado para definir soluciones urgentes a esta problemática, que está poniendo en riesgo la vida y los derechos de al menos 5000 empleados de la minera y 22 mil entre habitantes y población flotante de este municipio.
