Judicializadas seis personas, entre ellas una fiscal, cuatro investigadores y un abogado por presuntamente exigir dineros a reclusos.
Según el ente investigador los funcionarios públicos extraían información para que un defensor público elaborara su estrategia defensiva y así cobrar gruesas sumas de dinero a quienes se hallaban privados de la libertad en una Estación de Policía.
El contundente material probatorio presentado por una fiscal delegada ante el Tribunal fue suficiente para judicializar a seis personas por los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, prevaricato por omisión, acceso abusivo a sistema informático; revelación de secreto, peculado por uso y abuso de autoridad por omisión de denuncia, cada una según sus responsabilidades.
Se trata de la fiscal seccional Martha Luz Valeta Herazo, el defensor público, Yahany Merlano Valeta y los policías judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Diana García Santos, Richard Fuentes Gómez, Ramón Espinosa Benavides y Fredy Arroyo Pastrana.
Los indiciados, al parecer, exigían dinero a personas privadas de la libertad en la Estación de Policía de Sincé (Sucre).
Los hechos se habrían presentado en la localidad de Sincé (Sucre), cuando se tuvo conocimiento acerca de la posible existencia de hechos de corrupción en los que al parecer venían incurriendo, de tiempo atrás, funcionarios vinculados a la Fiscalía en el cargo de fiscales seccionales, información que llegó a conocimiento del ente investigador a través de una fuente no formal, dos escritos anónimos y un informe de Policía Judicial.
Estas personas en asocio de un abogado de la Defensoría Pública y varios trabajadores de la Policía Judicial del CTI de Sincé vendrían aprovechando su condición de servidores públicos, para presuntamente exigir sumas de dinero a quienes se hallaban privados de la libertad en la Estación de Policía de Sincé.
Al interior del proceso se estableció que, al parecer, en un número considerable de radicados actuaba el abogado de la Defensoría Pública, en procesos penales donde fungía como Fiscal Seccional su prima hermana y a su vez los servidores de Policía Judicial, quienes habrían accedido a un sistema informático de la Fiscalía de casos donde no se hallaban vinculados como policías judiciales.
En esas situaciones habrían extraído información, imprimían documentos y los entregaban al Defensor Público para que éste elaborara su estrategia defensiva y así cobrar gruesas sumas de dinero por estos hechos, que luego se compartía con los involucrados.
El 30 de mayo del año en curso se materializaron las órdenes de captura contra las seis personas involucradas, expedidas por un juez penal municipal de Control de Garantías de Sincé, informó la Fiscalía General de la Nación.
