Según reportes de la misma entidad, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ha logrado ahorrarle al Estado $1,71 billones en pretensiones económicas presentadas por concesionarios en siete tribunales, además de representarle $206.000 millones en fallos a favor de esta entidad.
Las cifras son el resultado de la observación de los nueve primeros meses del Gobierno de Iván Duque.
Este logro se habría conseguido a través del mecanismo de arbitraje, mismo que está amparado por la constitución como alternativa a los juzgados. “La defensa de los intereses del Estado y de todos los contribuyentes siempre ha sido una prioridad para el Gobierno del presidente Iván Duque”, dijo el presidente de la ANI, Louis Kleyn.
De acuerdo con la Agencia, los procesos buscaban que los concesionarios fueran eximidos de responsabilidades contractuales, que la entidad no declarara incumplimiento de contrato o que se anunciara la nulidad de contratos de transacción.
