La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Mauricio Ospina, quien, al parecer, habría ordenado seguimientos e interceptaciones ilegales, al profesor de inglés de su esposa.
De acuerdo con versión publicada por la revista Semana, el alto mando militar, «presuntamente, habría abusado de sus funciones y habría ordenado utilizar los servicios de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, para fines personales», señaló el Ministerio Público en un comunicado.
El ente de control determinará si, además, el general Ospina, «habría ordenado un montaje, acusando sin prueba alguna a un ciudadano de pertenecer a un grupo al margen de la ley, y así justificar dichos seguimientos».
«La Procuraduría comprobará, a través de la recolección de testimonios, pruebas y documentos, si el actual comandante del Ejército habría incurrido en faltas disciplinarias, al abusar de su poder y usar los servicios de inteligencia y contrainteligencia, así como utilizar a subalternos, para fines alejados a los de la institucionalidad», concluye.
Además, la Fiscalía General informó que, «con ocasión de los hechos puestos en conocimiento por un medio de comunicación, relacionados con seguimientos y otras actividades de inteligencia realizadas por un grupo de militares en contra de un profesor de inglés, se abrió investigación a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales».
De acuerdo con el ente acusador, «el fiscal asignado estará acompañado de expertos en esta temática y ordenará los actos investigativos que considere necesarios para esclarecer lo ocurrido y tomar las decisiones que correspondan, en atención a lo establecido en la normatividad penal vigente y en el pleno ejercicio de su autonomía e independencia».
Y el comunicado – de tres puntos – señaló que «la Fiscalía reafirma el compromiso de investigar cualquier actuación en la que se use la inteligencia del Estado para beneficio personal, en menoscabo de las garantías constitucionales y del debido proceso que les asisten a los ciudadanos».
La Fiscalía no se refiere directamente al comandante del Ejército, general Luis Ospina, quien habría ordenado dichos seguimientos al profesor de inglés de su esposa.
Por su parte, el Ejército emitió un comunicado de seis puntos sobre el tema:
1. Las misiones de Inteligencia y Contrainteligencia son diferentes; están claramente consignadas en la Ley Estatutaria 1621 de 2013. En el caso específico de la función de Contrainteligencia, las actividades buscan anticipar, prevenir, detectar y neutralizar acciones para proteger al personal, las instalaciones, el material y la información.
2. Es allí donde se sustenta la facultad del Comandante del Ejército para ordenar a la Unidad Militar de Contrainteligencia adelantar actividades de verificación, frente a una información que alerta sobre una posible vulneración de la seguridad e integridad del Comandante y su núcleo familiar, y, de manera general, a la comunidad que vive y transita diariamente en los cantones militares y académicos ubicados al norte de la capital.
3. Las acciones de verificación amparadas en el ordenamiento jurídico vigente, que no corresponden a una operación de Contrainteligencia, finalizaron el pasado mes de agosto sin elementos de juicio para continuarlas. No obstante, ello permitió evidenciar novedades y debilidades en los sistemas y procedimientos de control de acceso personal y vehicular a las instalaciones militares, razón por la cual se ordena el fortalecimiento de los mismos no solo en la ciudad Bogotá, sino en todo el país.
4. Permaneceremos atentos a los requerimientos que emita el Comando Superior, las autoridades judiciales y/o entes de control, si consideran procedente cualquier actuación.
5. Para el Ejército Nacional, es importante que cualquier hecho que vaya en contra de los Principios, Valores y la Ley, sea puesto en conocimiento de las autoridades competentes, en aras que se adopten las acciones que en derecho correspondan.
6. Como política institucional y siendo coherentes con el Código de Honor del Soldado Colombiano, el Ejército Nacional ratifica su política de Cero Tolerancia con cualquier acto que viole o afecte los derechos fundamentales de las personas.
