Aunque fue apenas aprobada hace un par de días, la nueva ley contra los migrantes en situación irregular impulsada por el gobernador texano, Greg Abbot, ya se ha ganado múltiples reacciones negativas en todos los frentes.
El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su país «siempre va a estar en contra» de dichas medidas, además de calificar las acciones de Abbot como «politiquería» para asentarse en la candidatura a la Vicepresidencia de Estados Unidos en los comicios de 2024.
«Decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo, que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente», sentenció López Obrador durante su conferencia matutina diaria, en donde también expresó sus dudas de que la ley implementada por Abbott, al que llamó «un señor de malas entrañas», vaya a materializarse.
El Gobierno estadounidense también expresó su preocupación por la nueva legislación, que permitiría a cualquier oficial de policía texano detener y procesar a cualquier persona que no pueda demostrar su situación migratoria.
«Esto no es lo que debemos ser como país», afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien calificó la medida de ser «radical» y «deshumanizante» con los migrantes en la frontera sur del país.
Sin embargo, la vocera del presidente Joe Biden no confirmó que el Gobierno vaya a impugnar dicha legislación ante instancias judiciales, como si lo hicieron en el pasado con la ‘frontera flotante’ en el río Bravo.
Defensores de los derechos humanos impugnan
Dentro de Texas, la inconformidad de la sociedad civil ya se hizo escuchar dentro de los tribunales. Activistas de derechos humanos, encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), presentaron una demanda ante una corte federal en Austin, alegando que la legislación impulsada por Abbott socava la autoridad federal sobre disposiciones migratorias.
«El proyecto de ley hace caso omiso de los principios constitucionales fundamentales e incumple la ley federal de inmigración, al tiempo que perjudica a los texanos, en particular a las comunidades marrones y negras,», sentenció Adriana Piñon, directora legal de la ACLU en Texas, subrayando el extremismo de la ley y agregando que la misma podría provocar un sesgo racial dentro de la Policía del estado.
Otras voces expertas afirman que la polémica ley puede estar «sujeta a cambios».
Stephen Yale-Loehr, profesor sobre legislación migratoria en la Escuela de Derecho de Cornell, hizo referencia a un proyecto de ley similar impulsado por Arizona en 2010, el cual fue revertido por una decisión de la Suprema Corte dos años después al considerar que los estados no pueden ejercer funciones que se le atribuyen exclusivamente al Gobierno federal, como la aplicación de medidas migratorias.
La extrema ley ‘SB4’
El pasado 18 de diciembre, Greg Abbott firmó un paquete legislativo con tres nuevos ordenamientos judiciales con relación al control migratorio dentro de Texas, incluida la ley ‘SB4’, la ley más controversial y extrema que se haya impulsado en más de una década por una entidad federativa de los Estados Unidos.
La ley faculta a la Policía a detener y procesar legalmente a cualquier persona que no pueda demostrar su estancia legal en el país, en casos que pueden llegar hasta la deportación ‘express’ sin necesidad de un juicio.
Además, la ‘SB4’ transformaría la interpretación de la ley, considerando un delito menor el que un ciudadano extranjero «ingrese o intente ingresar al estado» de manera irregular e imponiendo penas de hasta 20 años si el imputado se niega a salir del estado o si es reincidente.
El gobernador de Texas impulsa esta ley en un momento en el que busca insertarse en el radar del ala más conservadora del Partido Republicano rumbo a las elecciones de 2024.
