Las negociaciones de paz llegan a fin de año entre dudas, por lo que el presidente Gustavo Petro ha dado un golpe de efecto destituyendo a su arquitecto de la paz, Danilo Rueda, para dejar al frente a Otty Patiño, quien lideraba la negociación con la guerrilla del ELN. Con este cambio está por ver si en 2024 habrá una nueva estrategia y de ‘paz total’ se pasará a ‘paz parcial’, cuyo objetivo se limite al fin del conflicto político de Colombia, desarmando a la última guerrilla de América Latina.
Era 7 de agosto de 2022. Gustavo Petro se convertía en el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. Lo hacía en la Plaza de Bolívar frente a votantes históricamente excluidos, en un ambiente de fervor y optimismo. Al final de su discurso, Petro expuso su decálogo y compromisos. La primera frase del objetivo número uno fue: «Trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva. Como nadie, como nunca».
Empezaba así el sueño de la ‘paz total’. Negociar con todos los grupos armados, al mismo tiempo, con la ilusión de llegar al final de todos los conflictos que golpean a Colombia desde hace 60 años. Bajo esa premisa, el objetivo era evitar que, con la desmovilización de un grupo en un territorio, otro, todavía en armas, ocupase su lugar, solucionando así los vacíos que dejó el acuerdo de paz de 2016 entre el Estado y las FARC, la que fuera la mayor guerrilla de América Latina.
Los primeros meses de Gobierno no podían empezar mejor. El apoyo social a la ‘paz total’ se situaba alrededor del 70% según datos de Invamer. Pero no solo en las calles, también en el Congreso: de forma holgada era aprobada la Ley de Paz Total, sancionada por Petro el 4 de noviembre. El Gobierno recibía facultades para adelantar negociaciones con los grupos armados ilegales del país.
Arrancaba así una nueva fase inédita de paz: de conocer los grupos por datos de inteligencia militar e informantes a poder estar frente a ellos y ver quién está al mando, sus actividades y si hay una verdadera lucha política. Esa fue la tarea de Danilo Rueda, el primer Alto Comisionado para la Paz, un defensor de los derechos humanos, fundador de varias organizaciones enfocadas en la paz.
Errores propios, grupos armados complejos y oposición social
Pero lo que parecía un camino idílico se fue torciendo progresivamente. Los errores del Gobierno, la complejidad de los grupos armados y la oposición de algunos sectores de la sociedad empezarían a debilitar el proyecto de ‘paz total’.
Un momento clave que unió estos tres factores fue el 31 de diciembre de 2022. Eran las 11 de la noche. Faltaba una hora para cambiar de año y Gustavo Petro trinó en la red social Twitter, ahora llamada X.
Dejó estupefacto al país y a muchos periodistas, que tuvieron que ponerse a trabajar en una hora y un día atípicos. Petro informaba de un cese el fuego del Estado con cinco grupos armados, al mismo tiempo, por 6 meses.
Lo que parecía un golpe de efecto de Petro, terminó siendo un boomerang. Solo dos días después, el 3 de enero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla de América Latina, desmentía cualquier acuerdo. Los guerrilleros tildaron el anuncio de «unilateral». Esto desembocó en una crisis en las negociaciones, pero, sobre todo, en una gran pérdida de credibilidad de la opinión pública.
De hecho, a principios de junio, días antes de terminar el cese el fuego múltiple, la encuesta de Invamer había girado 180º: el 63% de los colombianos consideraban que ‘la paz total’ iba por mal camino.
El del ELN no fue el único cese el fuego fallido en esos primeros seis meses. El 19 de marzo, el Gobierno lo suspendió con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), más conocidas como Clan del Golfo, dedicadas a las economías ilícitas, después de que el Ejecutivo los acusase de estar detrás de unas violentas manifestaciones de mineros irregulares en el occidente del país.
El 22 de mayo se suspendió con el Estado Mayor Central, el nombre con el que se conoce a una federación de disidencias de las FARC que nunca se sumaron al acuerdo de paz de 2016. La ruptura del armisticio fue provocada por el asesinato de cuatro menores en una comunidad indígena amazónica, que trataban de escapar del reclutamiento forzado, el cual vulnera el Derecho Internacional Humanitario.
Se llegaba así al 30 de junio y los cinco altos el fuego habían terminado sin claros avances, incumpliendo las expectativas de lo que debía ser el preámbulo hacia la ‘paz total’. Con el cese de hostilidades del Estado, los grupos aumentaron sus enfrentamientos entre ellos por el control de territorios y el fortalecimiento de sus filas. El Gobierno pudo constatar que negociaba ante grupos muy diferentes, con objetivos particulares y en la mayoría de los casos, lejos de lo político, por lo que la negociación simultánea se volvió una utopía.
«Yo creo que el Gobierno se la jugó a una cosa muy complicada, que es andar persiguiendo 11 conejos a la vez. Es muy difícil», cuenta León Valencia, director de la Fundación Ideas para la Paz y exguerrillero del ELN, grupo con el que piensa que Petro debe centrar sus esfuerzos: «La paz con el ELN significa cerrar 60 años de conflicto armado político que enfrentaba a guerrillas y al Estado. Las otras violencias son por rentas del narcotráfico, de la minería ilegal, etc. Tienen una connotación más económica y hacen parte de otro campo de las negociaciones», concluye.
El secuestro de los padres de Luis Díaz, repudio unánime
Quizás el mayor logro en este proceso haya sido el cese el fuego con el ELN del 3 de agosto. Tiene una duración de seis meses y cuenta con la participación de la sociedad civil, tras varios ciclos de negociación en La Habana, Caracas y Ciudad de México.
Un nuevo armisticio también se firmó el 16 de octubre con los disidentes del Estado Mayor Central, y se sumaba a los avances urbanos en Medellín, segunda ciudad del país, y Buenaventura, principal puerto de Colombia, donde actualmente hay tregua entre bandas y los números de violencia sí han registrado descensos.
Pero estos avances anunciados en el segundo semestre del 2023 han llegado al final de año con grandes cuestionamientos. Parte de la opinión pública duda de la ‘paz total’, con un escepticismo acrecentado después de que el ELN secuestrase a los padres de Luis Díaz, estrella del fútbol colombiano, en pleno cese el fuego con la guerrilla. Es una de las prácticas más repudiadas por la opinión pública colombiana y la guerrilla no ha descartado continuar realizándola.
Ceses el fuego entre homicidios, secuestros y trinos
El final de año llega con datos poco alentadores: según cifras oficiales, los secuestros aumentaron un 80% en el primer año de la Presidencia de Petro; la extorsión ascendió un 27%; y los homicidios tuvieron un leve descenso del 3%. Tampoco se han visto cumplidas algunas de sus banderas de campaña electoral: según datos de Indepaz, en 2023, a 11 de diciembre, se han asesinado a 157 líderes sociales, sin una significativa disminución respecto a 2022, cuando hubo 189 muertes violentas. Lo mismo sucede con los firmantes de paz de las FARC: a 11 de diciembre, son 33 los asesinados, por los 42 que mataron en 2022. Y, por último, las masacres podrían llegar a aumentar si sigue la tendencia: a 11 de diciembre son 90 masacres por 94 en 2022.
Pero más allá de los números hay complicaciones legislativas: el Gobierno no ha logrado en año y medio aprobar la ley de sometimiento en el Congreso. Sin esta norma es complicado avanzar negociaciones con grupos narcotraficantes como el Clan del Golfo o las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada; tampoco con la Segunda Marquetalia, disidentes de las FARC que abandonaron el anterior acuerdo de paz, y que, sin ley de sometimiento, piden un estatus político; ni con las bandas de Medellín y Buenaventura. La ley de sometimiento es indispensable pues es la que autoriza la disolución de un grupo y la entrega de sus integrantes a cambio de incentivos jurídicos.
