Este año será decisivo en la reducción de la pobreza en el país, una de las grandes metas del Gobierno del Cambio. Con este objetivo, el programa Renta Ciudadana de Prosperidad Social cubrirá en 2024, de forma universal, a la población perteneciente al grupo A del Sisbén.
Este programa llegará a cerca de tres millones de hogares beneficiados. Ya está presente en regiones históricamente olvidadas y con altos índices de desnutrición infantil, como Chocó y La Guajira.
De acuerdo con Laura Sarabia, directora de la entidad, “es la primera vez que un programa de asistencia de transferencias monetarias atiende toda la población en pobreza extrema. La idea es que podamos tener cada 45 días un pago de entre 300 y 500 mil pesos, de acuerdo a si es una madre cabeza de hogar o una persona con discapacidad».
Como lo anunció en septiembre pasado el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en su cuenta de X, “el objetivo de la Renta Ciudadana, de hasta medio millón de pesos mensuales a madres cabeza de familia, es disminuir sustancialmente la desnutrición infantil».
Sarabia recalcó que hoy el programa no requiere inscripción: “todo el andamiaje del Gobierno Nacional y del Estado como tal ubica a la persona que está en pobreza, en condiciones vulnerables, y podremos atenderla de manera real y eficiente».
La directora indicó que se estarán “evaluando las corresponsabilidades de cada hogar y sobre todo con el Registro Universal de Ingresos poder determinar realmente las condiciones de vida de esas personas».
“El presidente nos ha dicho que no es llevar el Estado a los territorios, sino que de los territorios emerja el Estado, y ese es el objetivo de cada una de nuestras políticas», agregó la funcionaria.
En cuanto a las formas de pago de este subsidio, Sarabia aclaró que el banco estatal continuará estando a la cabeza de las operaciones: “El Banco Agrario seguirá siendo nuestro mayor aliado, pero la idea es poder llegar de manera eficiente a los territorios. Hay territorios donde sólo funciona el Banco Agrario».
En aquellos donde la entidad financiera estatal no llega, “vamos a pedir ayuda de todo el sector bancario y que la persona pueda recoger su subsidio de manera rápida», aseguró.
A través de información obtenida del Sisbén y de todas sus actualizaciones, se podrá “tener un control de cada una de las corresponsabilidades en materia de generación de ingresos, de educación y de salud», precisó la directora de Prosperidad Social.
En el último ciclo de pagos del programa, que inició el 27 de diciembre pasado, el Gobierno invirtió más de 1 billón de pesos ($1´044.083’920.000), destinados a 2.523.085 familias bancarizadas y no bancarizadas.
