La Procuraduría General de la Nación sancionó con el pago de ocho meses de salario devengado a la exgerente de Metrolínea S.A., Laura Cristina Gómez Ocampo y a la exdirectora técnica de Infraestructura, Clara Isabel Guerrero Ariza, por anomalías en un bilateral con Azarías S.A.S.
El Ministerio Público confirmó que la exgerente participó en la actividad contractual del negocio jurídico 088 de 2015 con el objeto del cerramiento y adecuamiento provisional de parqueaderos de buses del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) en un lote.
A su vez, ratificó los sobreprecios en los ítems por casi 18 millones para los materiales comunes, la instalación para la excavación manual, las vigas de amarre de piso en concreto y en las láminas de zinc para el cerramiento perimetral; sin que existiera un soporte documental a los valores expuestos; por lo que, no optimizó los recursos públicos al avalar un negocio jurídico sin verificar los altos costos.
De igual manera, el organismo de control evidenció que Guerrero Ariza, quién fungía supervisora de la ejecución del contrato, suscribió dos actas para modificar las cantidades de los recursos solicitados para la obra, sin un soporte de cotizaciones o estudio de mercado que permitieran verificar la razón de los cambios en los precios y así, determinar el valor real del mercado.
Asimismo, en ejercicio de sus obligaciones de supervisión del bilateral, omitió determinar de manera objetiva el precio de los productos señalados en los ítems que se indicaron y tampoco se tuvo en cuenta la variación del IPC, la tasa de cambio, el cambio en el precio de las materias primas, entre otros aspectos
En fallo de primera instancia, la Procuraduría delegada de Juzgamiento 2 calificó la falta de las servidoras públicos como gravísima, a título de culpa grave por vulnerar los principios de responsabilidad, eficacia y economía.
