El fiscal ecuatoriano César Suárez, quien tenía a cargo la investigación de la toma armada al canal público TC Televisión el pasado 9 de enero murió tras ser atacado con disparos este miércoles 17 de enero en el norte de Guayaquil.
El funcionario era el encargado de procesar a los 11 detenidos del grupo armado que irrumpió en el medio de comunicación el pasado martes y amenazó durante una emisión en directo a los trabajadores del canal, episodio que se saldó cuando la policía logró entrar al establecimiento, liberar a los rehenes y capturar a los atacantes.
Según reportan medios locales, Suárez fue perseguido por desconocidos cuando salía de la Fiscalía y posteriormente recibió impactos de bala dentro de su automóvil en el que se movilizaba por un sector del norte de la ciudad portuaria.
El fiscal Suárez también tenía a cargo otros casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada.
Tras conocerse la noticia de su muerte, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien ha estado amenazada por grupos armados, deploró el crimen y aseguró que la Fiscalía continuará con su lucha contra los grupos del crimen organizado.
«Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana», aseguró la fiscal. Al tiempo, detalló que la Fiscalía ya comenzó las investigaciones preliminares sobre el asesinato de Suárez.
Además, la fiscal lanzó un llamado a las autoridades a que refuercen la seguridad de los funcionarios y alentó a que las audiencias se lleven a cabo de manera remota.
Se trata del más reciente episodio de violencia en el país, que vive una crisis de inseguridad sin precedentes en su historia moderna, por la que el Gobierno del presidente Daniel Noboa culpa a bandas criminales que cooperan en el país con cárteles de la droga internacionales de México, Colombia y otros países.
La semana pasada, Noboa decretó al país en un «conflicto armado interno», luego de la fuga de dos de los principales líderes de la mafia ecuatoriana, motines y toma de rehenes en las cárceles de todo el Estado, así como atentados en distintas partes del territorio, entre las cuales la toma al canal TC. El país ya estaba en estado de excepción por decreto presidencial desde el 8 de enero.
¿Quién era César Suárez?
César Suárez Pilay nació en Paján, al oeste de Ecuador, y gran parte de su carrera la llevó a cabo en la ciudad costera de Manta, en provincia de Manabí. Estudió un pregrado en Derecho, un máster en Derecho Constitucional y obtuvo un doctorado Honoris Causa.
El fiscal llevó a cabo un extenso trabajo en la Unidad de Muertes Violentas, donde investigó casos de asesinatos y feminicidios. También integró la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Allí, lideró investigaciones de corrupción a nivel nacional.
Su labor es especialmente recordada por haber expuesto casos de sobreprecios en insumos médicos en hospitales de Guayaquil.
¿Qué pasó el 9 de enero en Ecuador?
El 9 de enero, Ecuador vivió una jornada cargada de violencia. Ese día, hombres con pasamontañas y armas de fuego irrumpieron en una transmisión en vivo del canal TC televisión. En las imágenes —difundidas masivamente en redes sociales— se veía al personal del medio siendo amenazado y tomado por la fuerza.
Tras los hechos, los 11 hombres mayores de edad involucrados en los hechos fueron enviados a prisión preventiva, mientras que dos menores, a un centro de internamiento. Según dio a conocer la Policía ecuatoriana, el grupo armado que asaltó el canal pertenecía presuntamente a la banda criminal de ‘Los Tiguerones’, una de las más poderosas del país.
Este hecho se dio poco después de que el líder de ‘Los Choneros’, la que ha sido considerada la principal banda del país durante décadas y que ahora se disputa el dominio de las cárceles y las rutas del narcotráfico con otras como ‘Los Lobos’ o ‘Los Tiguerones’, se fugara el domingo 7 de enero.
Una fuga que encendió las alarmas de Ecuador. Al día siguiente, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) dio a conocer que se estaban presentando motines en múltiples cárceles del país. Una situación de violencia exacerbada que derivó en el decreto de estado de excepción por parte del presidente ecuatoriano.
A la caótica situación se le sumó la fuga de Fabricio Colón Pico Suárez, conocido como ‘El Salvaje’ —que de hecho había sido acusado de planear un atentado contra la fiscal Salazar—. Además, se reportaron múltiples secuestros a agentes policiales y explosiones en varias ciudades.
Ante esto, el Gobierno ha contestado con su llamado Plan Fénix, un plan de seguridad a semejanza a del desplegado por su homólogo Nayib Bukele en El Salvador, con el que Noboa ha prometido paz y seguridad a los ciudadanos, y con el que, a fuerza de tener al Ejército y la policía desplegados en las calles, dice haber realizado ya 20.849 operativos en todo el país y detenido a 1.975 personas en poco más de una semana.
A pesar de las altas expectativas que genera el Plan Fénix, algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch, han advertido que este tipo de dispositivos, amparados por un estado de excepción, ponen en vilo varios derechos constitucionales.
