Argentina se paralizará este miércoles durante 12 horas. En Buenos Aires y en las provincias se realizarán masivas manifestaciones que tendrán como destino el Congreso Nacional. El mensaje es claro: el rechazo a las medidas ultraliberales del Gobierno de Javier Milei.
Reducir al Estado argentino a su mínima expresión, desregular la economía, privatización y recortes de beneficios sociales. El plan de gobierno del ultraderechista se disputa en las calles y en el Congreso. Este 24 de enero, Milei enfrentará la tercera gran manifestación en su contra y el primer paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical del país, con apoyo de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, en casi cinco años.
La protesta está centrada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el proyecto de Ley Bases y punto de partida, más conocida como ‘ley ómnibus’. La principal crítica a esta propuesta de ley es que el Ejecutivo busca obtener delegaciones legislativas en los ámbitos fiscal, defensa, electoral, jurídico, energético, entre otras. Es decir, concentrar más poder.
«Se trata de un ataque salvaje que afecta a los sectores más vulnerables y a los trabajadores y procura quitar derechos laborales y jubilatorios», dijeron las centrales, según publicó Telam, tras la rueda de prensa de los dirigentes sindicales.
A las centrales ya no les preocupa el Protocolo de Seguridad emitido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que califican de “represivo”. En diciembre pasado, se aprobó este reglamento que tiene como objetivo “evitar los cortes de la circulación de vehículos en la vía pública por piquetes y manifestaciones callejeras, resguardando derechos protegidos por las normas constitucionales, al habilitar que las expresiones de protestas se realicen sobre las veredas”, de acuerdo al documento.
Una medida criticada por todas las organizaciones de derechos humanos y que no detiene a las centrales sindicales en su marcha para este miércoles. Aunque temen que exista una fuerte represión, señalan que su manifestación será pacífica y han anunciado que permitirán el paso de unidades de emergencia, pero dejaron en claro que no marcharían «en la veredita».
Presión en el Congreso
Mientras las marchas calientan motores, en el Congreso hay otro frente abierto para Milei. Con una minoría legislativa, el mandatario se ha visto en la obligación de negociar con otras bancadas afines, como Juntos por el Cambio, la aprobación de la ‘ley ómnibus’.
Los reclamos de los legisladores, que iniciaron con el tratamiento del proyecto de ley el 9 de enero, derivaron en el envió de una nueva versión del documento.
Los libertarios cuentan con solo 38 diputados y necesitan lograr el apoyo de, al menos, 91 parlamentarios más para que se inicie el tratamiento del paquete de medidas en el Congreso. Aunque Milei lo niega, tuvo que ceder ciertos cambios a su propuesta de ley estrella.
Las negociaciones a la interna resultaron para el Gobierno mucho más difíciles de lo esperado, incluso con sus aliados. Para lograr que llegara a la Cámara de Diputados, lo antes posible, el Ejecutivo propuso un nuevo texto normativo, en el que elimina o modifica varios artículos.
Más de 100 artículos quedan fuera
El texto original tenía 664 artículos inicialmente. Las negociaciones en el Legislativo derivaron a un cuerpo de 525 artículos. Uno de los puntos más controversiales era la declaratoria de emergencia, en un inicio por dos años; es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025. En el nuevo texto, Milei reduce la emergencia a menos de un año; es decir, hasta el 31 de diciembre de 2024. Aunque se mantiene la posibilidad de extenderla un año más.
Otro punto que generó rechazo fue el capítulo referente a seguridad. Milei propuso inicialmente que toda reunión de más de tres personas convocada con carácter «intencional y temporal» fuese considerada una «manifestación». El temor de activistas y organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos es que se configure en una represión estatal
En el nuevo texto, el mínimo es de 30 personas, pero se ratifica en su objetivo. Las organizaciones sociales han expresado su preocupación de que este artículo pase porque aseguran pone en peligro el derecho a la legítima protesta.
También puso un freno a las privatizaciones. En un inicio, había contemplado la privatización de 41 empresas públicas, entre ellas, la estatal petrolera YPF. Sin embargo, quedó fuera de este paquete. Además, el vocero del presidente, Manuel Adorni, aclaró días atrás que las compañías no serían necesariamente privatizadas. «Hay empresas que deben sanearse, pero serían imposibles de privatizar», agregó.
A ello, se suma el sector cultural, que se ha unido para demostrar, dicen, los efectos perjudiciales para el arte y la cultura en Argentina. Para el medio ‘El Perfil’, José Miguel Onaindia, abogado constitucionalista, aclara que la propuesta de Milei en este caso desconoce “expresas disposiciones de la Constitución Nacional que obliga al Congreso a dictar leyes que promuevan la actividad cultural y garanticen el pleno ejercicio de los derechos culturales, que integran el conjunto de derechos humanos”.
Lo que Milei busca es la eliminación del Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes, y el desfinanciamiento a la Ley de Cine. En las modificaciones se ratifica en la eliminación de estas entidades, pero abre la posibilidad de crear otras que cumplan el mismo rol. Para gremios de actores, guionistas y cineastas es un duro golpe a la cultura.
Los reconocidos Pedro Almodóvar y Alejandro González Iñárritu se pronunciaron respaldo a la cinematografía argentina, tras conocer los cambios propuestos por Milei. En un comunicado, el colectivo Cine Argentino Unido elaboró una carta en que Almodóvar e Iñárritu, así como una centena de otros directores y guionistas del mundo se suman a la defensa del cine argentino.
Este martes 23 de enero se convocó al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General, y Presupuesto y Hacienda. La convocatoria del oficialismo busca presionar al resto de bloques legislativos para conseguir un dictamen favorable y que llegue a la Cámara de Diputados.
Si finalmente obtiene la aprobación de la Cámara Baja, el proyecto de ley pasa al Senado, donde el Gobierno tiene menos del 10% de los escaños. Allí, las posturas son más firmes. La senadora Cristina López, de Unión por la Patria, anunció que su voto será negativo por la delegación de facultades legislativas que se pretende atribuir Milei con la reforma.
Ese es el principal punto de conflicto con el Congreso y aunque Milei envió varios cambios al texto inicial, algunos de los senadores y diputados criticaron que son una pantalla para mantener y aprobar el tema legislativo y las reformas electorales.
«La Patria no se vende»
Es el principal reclamo de los gremios sindicales, pero también de una gran parte de la sociedad argentina que ha utilizado la frase: “La Patria no se vende” para publicar en sus redes sociales y expresar el descontento con las reformas de Milei.
Además de la masiva movilización de la CGT, otras organizaciones de trabajadores han expresado su apoyo y participación en esta gran marcha pacífica el 24 de enero. Sin embargo, hay otros gremios que no se han sumado, como la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi, quienes expresaron “su total rechazo”, al considerar que la huelga busca “objetivos políticos, orientados a posicionarse frente a un gobierno que asumió hace poco más de un mes”. Criticó que la CGT permaneció “en silencio” durante los cuatro años de Gobierno de Alberto Fernández.
Por otro lado, el respaldo internacional de sindicatos en el exterior se ha hecho presente con varias muestras de solidaridad con la CGT y la huelga convocada. Es el caso de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), de Chile, al considerar que las propuestas de Milei, de ser implementadas, “violarían principios de división de poderes, cercenarían los valores democráticos conquistados por el pueblo argentino y afectarían el buen funcionamiento de las instituciones estatales y el rango constitucional”.
A ellos se suman Confederación Sindical de Comisiones Obreras, de España, quienes señalaron que el plan del presidente argentino “precariza las condiciones laborales y limita derechos, afectando los ingresos de los trabajadores, sus condiciones de estabilidad y desarrollo profesional, a la vez que avanza contra la estructura sindical”.
Además, alertaron “las amenazas y chantajes” del Gobierno a las organizaciones que promueven el paro nacional y las personas que participen en estas movilizaciones.
«El ajuste será mayor»
Con un Congreso sin mayoría y cada vez con más obstáculos para aprobar la ‘ley ómnibus’, el Gobierno de Milei ha presionado y lanzado una amenaza pública: “El ajuste va a ser mayor para todos si no se aprueba la ley en el Congreso. Se van a revisar cada una de las partidas del Gobierno nacional a todas las provincias».
Así lo dijo el vocero presidencial, Manuel Adoni. El portavoz también confirmó que el Gobierno enviará este martes al Congreso un nuevo proyecto para la restitución del impuesto a las ganancias, que fue eliminado en septiembre pasado –incluido con el voto de Milei.
Para el presidente argentino, las protestas únicamente tienen un tinte político de grupos de izquierda. “Hay una (parte de la sociedad) que se quiere quedar en el pasado y en la decadencia, y otra que nos pone en el camino de ser un país desarrollado, que es el que nosotros proponemos”, dijo Milei, en declaraciones a la radio Rock & Pop.
“Mientras vos tenés un Gobierno que está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, sucede que hay un conjunto de políticos que quieren defender sus intereses corporativos”, agregó.
El mandatario mantuvo una reunión con su gabinete ministerial para definir las negociaciones parlamentarias en el trámite de la ‘ley ómnibus’ y alistarse para su primera huelga general.
