El 15 de diciembre de 2017 Corrillos reveló el más grande hecho de corrupción en Bucaramanga de los últimos años. Este medio puso al descubierto un documento en el que se ‘formalizaba’ un acuerdo de corretaje promovido por dos miembros cercanos de la familia del alcalde Rodolfo Hernández y varios privados. Querían hacerse -a toda costa- al negocio de las nuevas tecnologías en El Carrasco.
Corrillos puso en evidencia que detrás de la decisión del mandatario bumangués, de ir contra viento y marea a favor del controvertido contrato con una cuestionada firma conocida como Vitalogic RSU, no radicaba solo en la preocupación para solucionar el problema de las basuras, detrás del mismo había un jugoso botín económico, con ganancias proyectadas a 30 años, el mismo tiempo que se pretendía suscribir la concesión.
Ese día Colombia conoció la verdadera cara de quien gobernaba a Bucaramanga, de los movimientos por debajo de la mesa que venían haciendo su esposa Socorro Oliveros y su hijo Luis Carlos Hernández, para ganarse una millonaria coima una vez la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y la cuestionada Vitalogic RSU suscribieran el contrato de las nuevas tecnologías para la disposición de los residuos sólidos.
Sin embargo, tuvieron que pasar dos años, un mes y 10 días para que por fin la Fiscalía de General de la Nación llamara a imputación de cargos al exmandatario y a quienes orquestaron el presunto hecho delictivo y que gracias a Corrillos se evitó que se hiciera fiesta con el erario.
Este 7 de febrero a las 10 de la mañana la Fiscalía buscará imputar interés indebido en la celebración de contratos al exmandatario bumangués, mientras que a su hijo Luis Carlos, tráfico de influencias de particular.
Aunque le contrato nunca se firmó, la Fiscalía encontró
irregularidades en la celebración del contrato de consultoría 096 de 2016,
por un monto de $336 millones, firmado entre la EMAB y el ingeniero Jorge Hernán
Alarcón, cuyo objeto era realizar la evaluación técnico-ambiental,
financiera y jurídica para la implementación de nuevas tecnologías en El
Carrasco.
Un ‘negocio’ autenticado en notaría
Además de cientos de folios con conversaciones entre quienes querían hacer su agosto con las basuras y que ya tiene en su poder la Fiscalía por iniciativa de uno de los testigos de hecho; la prueba contundente es un documento suscrito y autenticado en la Notaría Novena de Bucaramanga.
Se trata de un documento de corretaje en donde se establecieron las ‘reglas de juego’ y la manera como unos pocos se iban a repartir una gran suma de dinero producto de la puesta en funcionamiento de la planta de transformación de basuras en energía y su operación durante 30 años.
La desfachatez de legalizar un negociado puso en evidencia a quienes en las propias oficinas de Constructora HG -empresa de Rodolfo Hernández- querían sacarle provecho al grave problema de salud pública que sufre el área metropolitana, producto de la disposición de las basuras.
Del negocio de corretaje, además de Socorro Oliveros y Luis Carlos Hernández, también participaron Luis Andelfo Trujillo Rodríguez (hoy, el testigo clave); Carlos Adolfo Gutiérrez Pinto y Jorge Hernán Alarcón Ayala. Ellos, junto con los abogados de Constructora HG y con pleno conocimiento del entonces alcalde Rodolfo Hernández, se convirtieron en protagonistas del escándalo de corrupción.
‘Nuevas tecnologías’, la punta del iceberg
Cuando se develó el documento autenticado en notaría en el que aparece firmando Luis Carlos Hernández Oliveros como “gestor” en el negocio de corretaje y haciéndose a una coima de 100 millones de dólares; se pensó que el de Vitalogic era tan solo un caso aislado.
Sin embargo, con el paso del tiempo, nuevas pruebas recogidas por este medio, los testimonios del testigo clave, las denuncias del abogado César Fontecha y las investigaciones del exdiputado Édgar Suárez, establecen que el corretaje tan solo es la punta del iceberg.
Atrás quedaron las buenas intenciones de Rodolfo Hernández de buscar una salida a la crisis suscitada por el botadero El Carrasco. El fallido contrato entre Vitalogic y la EMAB era uno de los tantos entramados de la familia del burgomaestre. Y no era para menos, de suscribirse la concesión, los intervinientes se hacían a 30 años de ‘regalías’ -con una posible ampliación de la operación por 15 años más.
Lo grave es que han aparecido nuevos contratos de corretaje, se han conocido nuevas conversaciones de WhatsApp donde el hijo del alcalde mete la mano en otros negocios bastante jugosos y en los que se involucra a altos funcionarios del gobierno local, como el exalcalde encargado Manolo Azuero, la Secretaria de Hacienda, Olga Chacón y el Asesor de Contratación, Rodrigo Fernández.
Entre los negocios por debajo de la mesa que también suscribieron o iba a suscribir corretaje y que les generaba una coima millonaria –según reveló Luis Andelfo Trujillo a Corrillos- están el de las antenas de telefonía celular, el alumbrado público, el cuantioso contrato de pavimentación, la construcción de la Plaza San Mateo, el millonario préstamo de un banco judío-argentino para el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y la construcción de la PTAR (que involucra a un político mexicano con nexos con el Cártel de Sinaloa).
¿Concierto para delinquir?
A partir de la revelaciones de Corrillos, sobre el corretaje para favorecer a las empresas Vitalogic RSU y Sercon SAS, uno de los gestores del mismo, Luis Andelfo Trujillo, no solo confirmó su participación en esos negocios, sino que echó de cabeza a sus antiguos socios y aliados.
Trujillo, además de lo que ya expuso a este medio, también entregó a la Procuraduría y a la Fiscalía unas 600 conversaciones, audios con llamadas que se refieren a los negocios y fotografías.
Otro de los testigos, que también deja mal parado al gobierno municipal frente a su actuar en estos negocios, es el abogado César Fontecha, quien prestaba sus servicios para la EMAB. Su salida de esa compañía se derivó ante su negativa para prestarse en los entramados, especialmente en el de las nuevas tecnologías.
Los testimonios de Fontecha son claves debido a que tiene videos y conversaciones en los que –según él- recibió órdenes para que avalara los pliegos de condiciones realizados por uno de los involucrados en el corretaje, en la fallida, pero amañada invitación pública donde se quería direccionar el contrato a Vitalogic.
Las últimas revelaciones
El primero de los cuatro contratos de corretaje conocidos, suscrito el 26 de agosto de 2016, tenía los siguientes porcentajes y las siguientes distribuciones de recursos públicos:
Luis Carlos Hernández Oliveros (hijo de Rodolfo Hernández), su ganancia era el 28% que corresponden a $16.800 millones. Jorge Hernán Alarcón (el estructurador del proyecto y conocido como ‘la calavera’) el 34%, aproximadamente $20.400 millones. Luis Andelfo Trujillo (el testigo clave, amigo personal de Luis Carlos) 15%, que correspondían a $9.000 millones. Y Carlos Gutiérrez (encargado de recoger y repartir los recursos provenientes de los documentos de corretaje y distribuirlos) 23%, aproximadamente $13.800 millones.
Fue Luis Andelfo Trujillo, después de invertir $600 millones en este negocio, quien filtró el primer documento de corretaje tras darse cuenta que después de su millonaria inversión a riesgo lo dejarían por fuera del negocio. La EMAB, el 27 de julio de 2017, declaró desierto el proceso, tras el concepto firmado por el entonces jurídico de la EMAB, Cesar Fontecha y el Subgerente Operativo, Abelardo Durán.
Ahora le corresponde a la Fiscalía probar lo que ya este medio puso al descubierto.
