La iniciativa es una promesa de campaña del Gobierno Nacional y busca detener las afectaciones en el medio de ambiente, según la ponente del proyecto.
Una lucha real contra la desarticulación de mafias organizadas y detener las afectaciones en la salud de los campesinos, son las razones que llevaron a radicar el Proyecto de Ley 287 de 2023 ante el Senado de la República, que tiene como objetivo la prohibición del uso del glifosato para la erradicación cultivos ilícitos.
Este es una de las propuestas banderas del Gobierno Nacional, que, en cabeza del presidente Gustavo Petro, busca erradicar de una vez por todas estas aspersiones en cultivos de coca.
Para la senadora Esmeralda Hernández Silva, de la Coalición Pacto Histórico,ponente del proyecto, “el principal método de erradicación, durante años de lucha antidrogas, ha sido la fumigación con glifosato, y hoy, después de décadas, se ha demostrado que es una estrategia inefectiva e ineficiente, y al contrario, ha estado cobijada por una falsa lucha contra la ilegalidad”.
Señaló por último la congresista Hernández Silva, que en 1997 en Colombia hubo 160 mil hectáreas de coca, y que para 2021 esta cifra ascendió a las 204 mil, lo que lo calificó como una “estrategia fracasada”.
¿Qué es el glifosato y por qué es tema de discusión?
Según Greenpeace, una ONG líder en temas ambientales, y con oficinas en más de 55 países del mundo, el glifosato se utiliza para destruir las llamadas “malas hierbas”, pues evita que las plantas produzcan las proteínas necesarias para crecer, y finalmente mueren.
Al tratarse de una aspersión que no discrimina el tipo de plantas, sus residuos permanecen en los cultivos, e ingresan al ser humano mediante el consumo de alimentos.
Lo anterior, también es apoyado por la Organización Mundial de la Salud, que desde el 2015 señaló a este herbicida como “cancerígeno probable”, y causante de enfermedades endocrinas.
Esta opinión no es compartida ni por la European Food Safety Authority (EFSA), la mayor autoridad sanitaria europea, ni por la Agencia Europea de Sustancias Químicas, que han concluido, en densas investigaciones, que el glifosato no implica riesgo de cáncer en las personas.
Cabe precisar que la senadora Esmeralda Hernández, integrante de la comisión quinta constitucional de senado y reconocida por su activismo ambiental, no comparte estas aseveraciones, y considera urgente buscar una alternativa que sustituya esta acción, al tiempo que se interrumpe la siembra por parte de organizaciones criminales.
Recordó que, en 2017, durante los Acuerdos de Paz, con la implementación de sustitución voluntaria, se logró la vinculación de 99 mil familias, se erradicaron 47 hectáreas de coca, “y la tasa de siembra después de seis años disminuyó en un 7%, y en su momento llegó al 1%”.
Agregó que, «para entonces, no hubo voluntad política de darle continuidad al programa, y por eso hoy vamos a sepultar este método en un debate con altura en el Congreso”.
De darse la aprobación de este proyecto de ley, Colombia sería el primer país en Latinoamérica en erradicar su uso, pues si bien en el 2015 la Corte Constitucional prohibió el uso de glifosato en cultivos ilícitos, la intervención del Consejo Nacional de Estupefacientes reversó esta decisión.
