Por: John Anderson Bello Ayala/ Han pasado una serie de debates sobre ponencia del magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares, que despenaliza el aborto durante los tres primeros meses de embarazo y mantiene la postura durante los seis meses restantes las disposiciones vigentes desde 2006: el aborto no sería objeto de persecución penal cuando haya violación, malformación del feto y peligro para la salud física o mental de la mujer.
Así las cosas, el máximo tribunal defensor de la Constitución Política, comenzarían a discutir el proyecto de fallo a partir de la próxima semana. Esto en medio de las dos demandas de inconstitucionalidad presentadas por la abogada Natalia Bernal solicitando que se caigan las tres causales que permiten abortar en Colombia, debido a que la normatividad anula los derechos a la vida, la dignidad e integridad física de los que están por nacer.
La ponencia, que enfrentó recusaciones y nulidades, estaba lista desde hacía varias semanas y en ella se recogen las 33 iniciativas, que han iniciado durante los últimos 45 años su trámite en el Congreso, pero que han sido archivadas en el intento. El delito de aborto, por el que han sido judicializadas entre 2005 y 2017, más de 2 mil mujeres colombianas –la cuarta parte de ellas menores de edad-, contempla penas de hasta dos (2) años de cárcel.
La escritora argentina Claudia Piñeiro, en su exposición “las audiencias sobre la legalización del aborto”, describió la novela de John Irving – Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra-, la historia surge de un médico que realiza abortos a mujeres ricas y con ese dinero sostiene un orfanato donde viven los hijos de las mujeres pobres, que no pueden pagar la práctica. Hasta que un día, el médico de la novela se pregunta: «¿Por qué tengo que ayudar a las mujeres pobres a tener un hijo y a las mujeres ricas a interrumpir un embarazo?». Y ahí cambia la historia. El doctor Larch comienza a sentir la obligación de liberar a las madres pobres de un embarazo no deseado, antes que admitir en un “asilo a sus hijos abandonados”.
Ahora bien, en medio de tantas protestas y cuestionamientos de activistas provida, nunca se han preguntado, si verdaderamente el sistema de adopción en Colombia, ha sido la mejor alternativa para resolver el problema mortalidad y morbilidad que rodea la clandestinidad del aborto.
Si bien es cierto, los enigmas de la adopción para muchas parejas colombianas se han convertido, en tema de segundo plano, pues el miedo a conocer la historia del niño, las restricciones e interrogantes que rodean el gran reto de adoptar, minimizan la posibilidad de brindarle una familia.
Es claro, que el Instituto de Bienestar Familiar, debe identificar las barreras sobre la adopción y generar una política cimentada en la protección privilegiada de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes en Colombia, así como a la validez y reconocimiento de la familia, para quienes inicien el proceso.
La única relación que puede existir entre el aborto y la adopción es que ambos son actos de suma responsabilidad que preservan la maternidad elegida. La enorme diferencia está en la decisión de la mujer, acerca de qué quiere hacer con su cuerpo.
En un caso, hay voluntad de proseguir el embarazo pero no de ser madre. En el otro, no hay voluntad de proseguir un embarazo, y es un derecho que, como tal, debe ser protegido. Negarlo empuja a la clandestinidad y a poner en riesgo la vida de las mujeres.
La planificación familiar es un derecho humano. Los individuos tenemos derecho a decidir cuándo y cómo tener hijos, y el Estado tiene el deber de garantizarlo. Tener un sistema de adopción que asista a las familias y las acompañe durante el proceso es fundamental para lograr adopciones con vínculos sanos y fuertes.
No podemos entender, como sociedad, que el problema de la adopción en Colombia se solucionará obligando a mujeres a proseguir embarazos no deseados y tener hijos contra su voluntad.
Lo importante del tema es el llamado a las instituciones del gobierno, para la construcción de una política pública específica de salud sexual y reproductiva, con una intervención coordinada intersectorial e interinstitucional, que permita responder a los problemas más serios que tiene nuestro país, en un campo tan decisivo para el desarrollo individual y social, como lo es el de la salud sexual y reproductiva.
Esto equivale a sostener que las mujeres no deben convertirse en meros envases, sino simplemente sean fruto de la creación de la maternidad elegida, que les permita decidir el embarazo sin condiciones y proteger sus derechos fundamentales.
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