Procuradores delegados para Asuntos Étnicos y Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, escucharon a los líderes y lideresas sociales de Chocó para conocer la problemática humanitaria que viven por causa de la violencia en el departamento.
La Procuraduría solicitó a las autoridades administrativas, civiles y de fuerza pública, garantizar la integridad y derechos humanos de las víctimas y desplazados durante las últimas semanas.
El Ministerio Público realizará seguimiento y control a los compromisos asumidos por las diferentes instituciones involucradas con la seguridad y convivencia de los chocoanos.
Consejo de seguridad
“Hay algunos avances muy importantes, pero en resultados concretos es mucho lo que falta por construir”, aseguró Carlos Guzmán, procurador delegado para Asuntos Étnicos, al concluir el Consejo de Seguridad que se realizó este jueves 20 de enero en la ciudad de Quibdó, Chocó, con el propósito de encontrar soluciones interinstitucionales a la situación de violencia y desplazamiento que se ha recrudecido en las últimas semanas en ese departamento.
Dicho consejo de seguridad se llevó a cabo por solicitud de la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, quien preocupada por la crisis humanitaria y de seguridad que se vive en este departamento, dio instrucciones al procurador Guzmán y a la procuradora auxiliar para Asuntos Disciplinarios, Valentina Mahecha Varón, para que lideren diferentes acciones en busca de soluciones reales a la problemática.
Al finalizar el consejo de seguridad, encabezado por el gobernador del departamento, Ariel Palacios Calderón, y todas las autoridades civiles y de la fuerza pública, el Ministerio Público requirió a los asistentes para que articuladamente adopten medidas de protección a la población civil víctima del conflicto armado, haciendo énfasis en las líneas de confinamiento y desplazamiento, así como trabajar en los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia.
Adicionalmente, los representantes del ente de control enfatizaron en que se debe conocer cuál es el plan de trabajo que tienen las diferentes instituciones para darle cumplimiento a la Directiva 02 de 2021 de la Procuraduría; se pidió que vinculen a la sociedad civil en los diferentes escenarios de discusión para que expongan sus preocupaciones y se busquen soluciones concertadas; que actualicen y unifiquen permanentemente las cifras de violencia desde las diferentes entidades; identificar las hipótesis delictivas sobre las que se debe trabajar y priorizar las mismas; así como aclarar las estrategias de operación para impactar las estructuras delincuenciales, más que operaciones individuales.
Durante el encuentro con las autoridades departamentales, los representantes de la Procuraduría pidieron encontrar soluciones interinstitucionales a la situación de violencia y desplazamiento y solicitaron adoptar un plan de trabajo y medidas efectivas para garantizar la vida e integridad de la población civil. Es importante revisar la atención y trámite de soluciones de protección a los DDHH por parte de diferentes sectores, tramitadas a nivel departamental de manera colectiva e individual, con el fin de definir acciones de articulación y priorización interinstitucional, se indicó.
El pasado 17 de enero, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al acuerdo de Paz, en cumplimiento de sus funciones preventivas y control de gestión, consagradas en el artículo 24 del Decreto 262 de 2000, y en concordancia con los asuntos relacionados con los derechos de las víctimas del conflicto armado y la implementación del acuerdo de paz, le pidió al gobernador Palacios que informe de las acciones realizadas en relación a los desplazamientos forzados masivos ocurridos en el Medio San Juan, con el fin de brindar asistencia humanitaria y garantizar la protección de la política pública de víctimas.
Durante la visita a la capital del Chocó, el Ministerio Público se reunió con líderes y lideresas sociales para escucharlos y conocer sus problemáticas, las dificultades que están viviendo en sus comunidades por cuenta de la violencia y ofrecer el apoyo institucional para encontrar soluciones articuladas. Allí se enfatizó en que se requiere realizar seguimiento a los indicadores de gestión de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y darlos a conocer públicamente de manera oportuna y participativa.
La Procuraduría General de la Nación continuará haciendo seguimiento a los compromisos asumidos por las diferentes instituciones y vigilando el cumplimiento de las garantías de derechos humanos en el departamento.
