Por: Javier Antonio Rojas Quitian/ Desde ahora los castigos físicos a niños, niñas y adolescentes quedan prohibidos, la ley fue aprobada en el Congreso y está lista para ser sancionada por el Presidente de la República.
En términos de la ley, se busca que en Colombia se elimine todo tipo de violencia en la formación de los menores y que se establezca un tipo de crianza libre de humillaciones, tratos crueles, degradantes o violentos, incluso las “palmaditas pedagógicas” que acepta la iglesia católica, como mecanismos de instrucción, quedan abolidas.
Aunque no quedan establecidos sanciones o comparendos para los padres que incurran en este tipo de castigos, pues la norma tiene fines pedagógicos, el maltrato físico o psicológico de forma repetida a cualquier persona del núcleo familiar ya está tipificado como delito en las leyes colombianas y se castiga con cárcel.
Exaltamos la loable intención del Congreso de la República de legislar a favor de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, que en Colombia son constantemente maltratados, es un primer paso, muy importante a la hora de garantizarles protección y cuidado y de asegurarles una crianza respetuosa.
Pero esta ley por sí sola no va a transformar la crianza de los menores y más cuando no está acompañada de sanciones, pues desafortunadamente en Colombia respetamos las leyes por temor al castigo, más no por acto de urbanidad o reverencia hacia las instituciones.
Además, el tema de la chancla, la correa, la palmada o el grito, como método de crianza o de reprensión, aunque no están bien, si son una costumbre que está bastante arraigada a todos los niveles de la sociedad y han sido utilizados de generación en generación y por el hecho de aprobar una norma, no se va a extinguir esta costumbre de los hogares colombianos.
Para que esta ley se haga realidad, se necesitan recursos, para dos temas importantísimos, el primero es para un Plan Nacional de educación en formas de crianza sanas y amorosas, sin golpes o castigos físicos. Ningún Padre o ninguna Madre, golpea a sus hijos por gusto, lo hacen porque fueron educados así y no encuentran o no conocen otro método diferente para “corregir” a sus hijos, hay que dar herramientas a las familias, hay que enseñarles.
El segundo tema que requiere de una gran inversión, es el del fortalecimiento de las Instituciones que defienden los intereses de la familia y en especial de los menores, a nivel municipal están las Comisarías de Familia, dependencias que actúan más como órganos de reprensión, que de garantes de derechos y esto ocurre porque están conformadas por equipos interdisciplinarios que se quedan cortos a la hora de atender grandes y extensos Municipios, con poblaciones heterogéneas y distantes, los Municipios hacen lo que pueden, pero necesitan de más recursos para que estas oficinas se fortalezcan y puedan hacer un trabajo formativo y de prevención del maltrato en las familias.
A nivel nacional el ICBF luce paquidérmico y obsoleto y no demuestra capacidad para transformar las costumbres de las familias, tampoco genera confianza en los hogares, es más, muchos le temen, pues se ha utilizado como una figura coercitiva y no como una Institución pedagógica que apoye y acompañe a las familias en sus dificultades, por lo que valdría la pena revisar si se carece de dependencias para atender a las familias o por el contrario sus políticas se encuentran mal enfocadas.
Dicen los abuelos que “de buenas intenciones está tapizado el camino al infierno”, aplaudo la norma, pero mientras no se asignen recursos para implementarla y hacer los cambios mencionados, las condiciones en las familias no van a cambiar, las costumbres seguirán siendo las mismas, las heridas no sanarán y muchos niños, niñas y adolescentes seguirán recibiendo su “chancletazo.”
*Exalcalde de Sucre (Santander), Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Pública y Magister en Políticas Públicas y Desarrollo.
