La Procuraduría General dela Nación confirmó que “los servidores públicos no pertenecientes a la Rama Judicial, órganos electorales y de control, de seguridad y Fuerza Pública, que deseen hacer campaña, les está permitido debatir, deliberar y expresar pública y libremente sus opiniones o posiciones frente a la Consulta Popular Anticorrupción”.
Incluso, dejó en claro que corresponde a autoridades electorales y territoriales hacer pedagogía y promoción de la Consulta Anticorrupción: “Procuraduría Civil, deben implementar las acciones necesarias tendientes a informar y difundir ampliamente a la ciudadanía sobre el mecanismo de la consulta popular para que libremente decidan si participan en la consulta anticorrupción y si aprueban o niegan las preguntas”.
El Ministerio Público recordó, que en el caso de los servidores públicos y su vinculación activa en las elecciones del 26 de agosto, “a través de la Directiva 010 el Procurador General señaló que, las que podrán realizarse siempre y cuando no se afecte la adecuada prestación de la función pública encomendada”.
Y dejó en claro que los procuradores regionales y provinciales, personeros distritales y municipales realizarán una vigilancia preventiva sobre el proceso electoral en cuanto a las disposiciones que regulan la participación en la consulta.
El gobierno debe hace pedagogía de la Consulta
La Procuraduría, a través de la Directiva 012 precisó que “le corresponde a las autoridades encargadas de realizar tanto la pedagogía, como la promoción de la participación ciudadana en el nivel nacional, departamental, municipal y distrital, garantizar a los ciudadanos la información necesaria con el fin de hacer efectivo el derecho a decidir libremente sobre las diferentes opciones que plantea la consulta popular”.
El Procurador Fernando Carillo invitó a las autoridades electorales, en particular a la Registraduría, a que implemente la acciones necesarias para que los ciudadanos conozcan el mecanismo, la fecha de votación, la logística, los procesos, incluida la tarjeta, y los porcentajes necesarios para la aprobación.
Así mismo, instó a las administraciones nacional, departamental, municipal y distrital para que, a través de los medios con los que dispongan, promuevan la participación en la consulta, su contenido, trámite y procedimiento de votaciones.
El jefe del Ministerio Público le recordó a la organización electoral y al autoridad de televisión la obligación de garantizar el derecho a las campañas de la consulta a la utilización de espacios institucionales.
Finalmente resaltó el deber que tienen las autoridades encargadas de la pedagogía de la consulta o la promoción del derecho a la participación ciudadana, de mantener la imparcialidad y garantizar el derecho de los ciudadanos de acudir a las urnas.
