En Barrancabermeja la puesta en marcha de las Escuelas de Formación Artística quedó en manos de un tercero y no del sector cultural que, en últimas, fue el que ideó y diseñó el programa, incluso, lo batalló hasta lograr que el gobierno de turno por fin adjudicara los recursos necesarios para su implementación. El Municipio contrató su ejecución con el Instituto Universitario de la Paz, Unipaz.
En abril de este año, exactamente el pasado 29 de ese mes, quedó en firme el convenio interadministrativo N°0851 -19, al que destinó la suma de $846 millones 929 mil 310. Hasta aquí todo normal.
El panorama comienza a enrarecerse a partir del momento en el que Unipaz involucró a Eduquemos, una organización sindical de Bucaramanga; para contratar por intermedio suyo el grupo de no menos de 74 personas, entre ellos, gestores y formadores culturales, profesionales y empíricos, con experiencia certificada para enseñar música, teatro, danzas, artes plásticas, audiovisuales, literatura, gastronomía y artesanías, a los niños del puerto petrolero que gratuitamente participarán en estos espacios durante unos 5 meses.
Vale mencionar que ninguno de los contratados está afiliado al sindicato bumangués. Sin embargo, aparte de todas las deducciones de ley que les hacen, también les descuentan una cuota por ‘administración sindical’ y otra por ‘rentas departamentales’.
El sólo hecho de no ser afiliados de Eduquemos, agrava la situación. El abogado Hugo Bernal Vallejo explicó que “justamente ese detalle evidencia lo que, de acuerdo a la jurisprudencia, se configuraría claramente en intermediación laboral ilegal. En Colombia esto es un delito y está penalizado. El Ministerio del Trabajo advierte que en toda la geografía nacional son los entes territoriales adscritos a esa cartera, los responsables de investigar y multar a quienes ejerzan intermediación laboral”.
¡Se debe investigar!
Edwin Palma, presidente nacional de la Unión Sindical Obrera Uso, dijo que “no me sorprende porque el Estado es el principal violador de los derechos laborales en el país. Sabemos que en el sector salud y educación pululan los falsos sindicatos. Una vez la ley 1421 del 2010 prohibió las cooperativas de trabajo asociado, lo que hicieron esas cooperativas fue seguir haciendo intermediación, pero a través de falsos sindicatos que utilizan la figura de los contratos sindicales y obviamente están haciendo intermediación laboral y violando los derechos de los trabajadores».
Expuso además que, «la Corte Constitucional ha dicho que el contrato sindical es lo mismo que una cooperativa de trabajo asociado no hay salarios, sino compensaciones, no hay régimen laboral, no hay solidaridad laboral. Me parece grave. Y no sólo Unipaz estaría haciendo intermediación laboral ilegal. En el Hospital Regional del Magdalena Medio hay contratos sindicales. Son falsos sindicatos, con falsos dirigentes sindicales que tercerizan laboralmente el trabajo de los profesionales, ante la mirada impune del Estado, en este caso del Ministerio del Trabajo”.
¿Quién responde?
Corrillos intentó conocer la versión del director de la oficina de Trabajo en el Puerto Petrolero, pero fue imposible. El funcionario se limitó a decir que debe ser autorizado por la esfera nacional, antes de hacer público cualquier pronunciamiento.
En mayo de 2018 el Ministerio del Trabajo expidió la resolución 2021, que fija los lineamientos sobre intermediación laboral y dejó en claro que únicamente las empresas temporales autorizadas, podrán hacerlo. De hecho, la figura del contrato sindical es legal, eso sí, siempre y cuando los contratados sean parte del colectivo sindical que gestiona y coloca el empleo.
Empresas como Drummond, Cencosud, Indupalma, Gecolsa, Cerrejón y hasta la Clínica de Marly, fueron sancionadas con multas ejemplarizantes en el año 2016, luego que Mintrabajo comprobó la tercerización laboral con el personal contratado. En el 2017 y 2018 las multas alcanzaron los $170 mil millones.
Para meter en cintura a quienes se lucran con la intermediación laboral, en el 2015 el Gobierno Nacional estableció que sólo las Agencias Públicas (como la del SENA) y los Centros de Empleo (públicos y privados), están autorizados, pero no tienen calidad de empleador. A través de éstos mecanismos los empresarios están obligados a divulgar, de manera pública y transparente, todas las vacantes que demandan contratar talento humano.
Al respecto, el alcalde Fernando Andrade ni el rector del Claustro, Óscar Porras, se han referido al delicado tema.
