La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo entregaron su informe de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, la orden judicial que exige la delimitación participativa del páramo Jurisdicciones – Santurbán – Berlín, un ecosistema clave para la conservación hídrica, la biodiversidad y los derechos fundamentales de comunidades en Santander y Norte de Santander.
El documento pone en evidencia reiterados incumplimientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), incluyendo la omisión, por tercera vez consecutiva, del informe cuatrimestral de evaluación, lo que impide el seguimiento judicial y vulnera el derecho ciudadano a la información.
Se advierte además que, a más de siete años de emitida la sentencia, el acto administrativo de delimitación aún no ha sido expedido, agravando la crisis ambiental y social en la región, con incremento de minería ilegal, informalidad laboral y deterioro del tejido comunitario.
También se detallan graves fallas en la participación ciudadana, ya que, de las siete mesas de trabajo previstas, solo se realizó una, en Bochalema, dejando por fuera a comunidades de 13 municipios. Refiere además que las estrategias de divulgación han sido insuficientes, especialmente en zonas rurales con baja conectividad, lo que contraviene el Acuerdo de Escazú.
Para el ente de control y la Defensoría genera particular inquietud la Resolución 221 de 2025 del MADS, tramitada en solo 97 días sin garantizar la participación ciudadana efectiva, ignorando más de 8.000 firmas de oposición y vulnerando derechos fundamentales; además, advirtiendo que esta medida no sustituye el proceso de delimitación del páramo ordenado por la Corte Constitucional.
Ante estos hechos, las entidades solicitaron al Tribunal evaluar sanciones por posible desacato, rechazar nuevas prórrogas, suspender la Resolución 221 de 2025 y exigir al MADS reiniciar el proceso garantizando participación ciudadana, debido proceso ambiental y respeto al Acuerdo de Escazú. También la Procuraduría y la Defensoría pidieron priorizar la delimitación como requisito previo para cualquier otro instrumento de gestión ambiental.
