Una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene en jaque la correcta entrada en operación de la PTAR Salitre, la cual se realizaría de manera abrupta en acatamiento de esta decisión judicial, sin que se haya certificado por parte de la interventoría el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones por parte del contratista.
A juicio del Ministerio Público, la decisión de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, que ordenó “al Consorcio Interventor IVK expedir de manera inmediata el certificado de aceptación de terminación del Hito I, como también a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado iniciar la operación de la PTAR Salitre con la asistencia del Consorcio Expansión PTAR Salitre”, puede poner en riesgo su buen funcionamiento, aduciendo los riesgos técnicos que implica la entrega presurosa y sin asidero contractual de la planta.
Por otra parte, la Procuraduría advirtió también que el Consorcio IVK, interventor del contrato No 803 de 2016, ha expuesto “la trazabilidad y la relación del presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Consorcio Expansión PTAR SALITRE – CEPS. No obstante, la Corporación Autónoma Regional no ha iniciado ningún procedimiento administrativo sancionatorio en contra del contratista, ni ha dado aplicación a lo establecido en la cláusula de garantía del plazo de terminación».
Por lo anterior, el ente de control hizo un llamado a todas las entidades involucradas y al consorcio contratista constructor-CEPS, a que actúen de manera pronta y efectiva en la solución de los problemas que se presentan en su funcionamiento, se cumplan todas y cada una de las obligaciones contractuales y se dé cumplimiento al plan de saneamiento y recuperación del Río Bogotá.
