La defensa de los derechos humanos en Colombia enfrenta una crisis alarmante: en promedio, cada dos días un líder social es asesinado. Esta impactante estadística resalta la magnitud de un problema que se agrava en las regiones más vulnerables del país, donde la presencia de grupos armados ilegales y la disputa por el control territorial ponen en grave riesgo la vida de quienes luchan por la justicia social.
Desde el primero de enero de 2016 hasta el 31 de agosto, se han registrado 1.420 homicidios de líderes sociales, lo que evidencia la sistematicidad de la violencia en su contra. Esta situación ha llevado a la Procuraduría a alertar sobre la urgencia de poner en ejecución acciones efectivas para proteger a estos defensores de derechos humanos.
En este contexto, el 9 de octubre, la Procuraduría se reunió con Greg Howell, Senior Deputy Assistant Administrator para América Latina y el Caribe de USAID, con el fin de discutir la crítica situación de los derechos humanos y la seguridad en el país. Durante este encuentro, se enfatizó la necesidad de fortalecer la cooperación para garantizar condiciones seguras para el ejercicio del liderazgo social en Colombia.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones emitidas por la Procuraduría al gobierno nacional se destaca la mejora en la protección de los líderes sociales, el incremento de la presencia institucional en las regiones afectadas y la coordinación de esfuerzos interinstitucionales para desmantelar las estructuras criminales que amenazan la vida de los defensores de derechos humanos. La colaboración con USAID se considera clave para impulsar estas iniciativas y ofrecer una respuesta integral ante la crisis.
A pesar de estas recomendaciones, la falta de avances en la ejecución de medidas de seguridad ha llevado a la Corte Constitucional a declarar un Estado de Cosas Inconstitucional. Este fallo reconoce que las políticas actuales son insuficientes para prevenir los riesgos y garantizar la seguridad de los líderes en zonas críticas como Cauca, Chocó, Norte de Santander, Arauca y Antioquia. Para abordar esta problemática, la Corte ha emitido instrumentos como el Índice de Prevención del Riesgo de Amenazas (IPRA) y la Directiva 005 de 2024, lanzadas el pasado 9 de septiembre.
La Procuraduría continúa insistiendo en la necesidad de formular y poner en vigor planes integrales de prevención y rutas de protección específicas, tanto individuales como colectivas. Estas acciones son esenciales para detener la ola de violencia y proteger a quienes dedican sus vidas a la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más equitativa. Sin una respuesta contundente y efectiva, el riesgo para los líderes sociales en Colombia seguirá aumentando, poniendo en peligro la paz y la justicia en el país.
APN Noticias
