La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado manifestaron su desacuerdo en la posibilidad de convocar una constituyente para reformar el sistema judicial colombiano, bajo el pretexto que son ellos los que no quieren que el proyecto salga adelante.
El presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, aseguró que las cortes no hunden las reformas ni se oponen a ellas porque son conscientes de la necesidad de sacar el proyecto adelante.
“Dicen que como nos oponemos entonces hay que hacer una constituyente y la verdad es que de eso nunca se sabe que va a salir. No es posible pensar en gastar un billón de pesos para embarcarse en una aventura”, explicó el magistrado.
Por su parte el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, le pidió al Congreso que se incluya, nuevamente, en el proyecto de reforma a la justicia la modificación del Consejo Superior de la Judicatura para mejorar la administración de los recursos.
“Ni el Consejo Superior de la Judicatura, ni la Comisión de Disciplina Judicial son altas cortes. La reforma a la justicia debe abordar cambios de fondo al actual diseño organizacional para fortalecer la autonomía real de la Rama Judicial. El órgano de administración y gobierno de la rama no debe tener la naturaleza de alta corte, en cambio se debe prever la participación de las tres altas cortas que dan clausura al sistema judicial”, sostuvo el presidente de la Corte Suprema.
Agregaron que celebran el hecho de haber retirado del proyecto de reforma, la propuesta de crear una corte única o una corte electoral porque no es posible quitar lo que ha funcionado por siglos.
“Debemos tratar de proteger las instituciones porque crear una corte única era desdibujar los lineamientos del Estado. A pesar de las fallas que puedan tener las instituciones actuales hay que reconocer que han sido pilares de la democracia”, puntualizó el magistrado José Luis Barceló.
El presidente de la Corte Suprema también se refirió al caso de Odebrecht y aseguró que este jueves se reunirán en Sala Plena para estudiar la posibilidad de nombrar un fiscal ad hoc.
