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Análisis a líneas celulares evidenciarían actuar ilegal de presuntos homicidas

Análisis a líneas celulares evidenciarían actuar ilegal de presuntos homicidas

Análisis a líneas celulares pondrían en evidencia el actuar ilegal del que serían responsables tres personas señaladas de concertarse para asesinar a adolescente en Bucaramanga, informó la Fiscalía General. Jeison Esteven Torres Moreno y Shirley Nayibe Castañeda Castillo fueron capturados, mientras Kevin Orlando Silva Rivera permanece en prisión.

La investigación por el asesinato de una menor de 16 años, ocurrido el pasado 20 de enero en Bucaramanga (Santander), y en el que se cree estaría comprometida una amiga de la víctima y, al menos, dos personas más, fue presentado por un fiscal seccional ante un juez con función de control de garantías.

La búsqueda selectiva en bases de datos y los análisis de las cámaras de seguridad del sector en donde ocurrió el crimen, entre otras labores de policía judicial, establecieron que los hoy judicializados presuntamente se concertaron para quitarle la vida a la menor de edad, para lo cual habrían establecido roles y funciones para mantenerla vigilada.

Entre los procesados están Shirley Nayibe Castañeda Castillo quien presumiblemente aprovechó su amistad con la adolescente para llevarla al barrio San Miguel en donde podría mantenerla ubicada y controlada, mientras llegaban las personas que accionarían las armas de fuego en su contra. Estas últimas, se cree, fueron coordinadas por Jeison Esteven Torres Moreno. Por su parte, Kevin Orlando Silva Rivera habría estado presente en el momento de los hechos.

Análisis forenses a varias líneas celulares evidenciaron la ubicación de los ahora procesados, el día y la hora exacta en que se cometió el crimen.

La Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Policía Nacional capturaron en Bucaramanga y su Área Metropolitana a las tres personas, en aplicación al modelo estratégico de investigación con el cual se está en búsqueda de identificar y afectar estructuralmente los grupos ilegales.

De acuerdo con sus eventuales responsabilidades individuales, el fiscal que lideró la investigación imputó a las tres personas cargos por homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y uso de niñas, niños y adolescentes en la comisión de delitos. Ninguno admitió su responsabilidad frente a los hechos atribuidos.

Por decisión judicial Castañeda Castillo y Torres Moreno fueron asegurados en establecimientos carcelarios. Silva Rivera, por su parte, continuará recluido en un establecimiento carcelario donde se encuentra privado de la libertad, por otros delitos.

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