Los dos gobiernos de izquierda que se rehusaron a respaldar la semana pasada una resolución de la OEA contra Nicaragua por la persecución a opositores, ahora llaman a consultas a sus embajadores y dijeron estar preocupados.
En un comunicado conjunto, México y Argentina aseguran que “instruyeron a sus embajadores en la República de Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez y Mateo Daniel Capitanich, respectivamente, a trasladarse a sus respectivas capitales, con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”.
Ciudad de México y Buenos Aires afirman que «se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua (…) Y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión».
El pronunciamiento fue hecho luego de que el domingo, la Administración de Daniel Ortega ordenara el quinto arresto de un precandidato a la Presidencia. Esta vez se trata del periodista y empresario Miguel Mora, quien intenta retar al mandatario en las elecciones del próximo 7 de noviembre.
El consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó el pasado 15 de junio una resolución para condenar las restricciones y los arrestos en Nicaragua y pidió la liberación de todos los presos políticos. No obstante, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández se negaron a respaldar la medida, con el argumento de la «no intervención en asuntos internos».
En las últimas semanas, la policía nicaragüense ha detenido a por lo menos una decena de opositores políticos y cinco precandidatos presidenciales, lo que prendió las alarmas de varios gobiernos y grupos de derechos humanos.
Ortega busca la reelección para un cuarto mandato consecutivo de cinco años, con los que extendería sus 14 años en la Presidencia desde que regresó al poder en 2007. También lideró anteriormente al país desde 1979 hasta 1990.
La ONU y la CIDH exigen liberación de opositores
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) urgió este lunes al Gobierno de Nicaragua a «liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente» en el país.
El representante de Naciones Unidas destacó que «la prisión por 90 días, sin control judicial efectivo y sin poder contar con abogados de confianza en audiencia viola» los derechos humanos de los arrestados.
«Es inaplazable que se permita el contacto de todas las personas detenidas con sus familias. Finalmente, el Gobierno debe garantizar el tratamiento médico que requieran e investigar sin dilación las alegaciones de malos tratos cometidos durante las detenciones», apuntó la OACNUDH.
A este llamado se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que calificó las acciones de la Administración de Ortega como un “grave escalonamiento de la represión”.
El organismo de la OEA enfatizó en la liberación de los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Casi todos estos líderes opositores y candidatos son acusados de «traición a la patria» bajo la Ley 1055, que aprobó la mayoría sandinista del Congreso en diciembre del año pasado y que se estrena con estas detenciones. A los aspirantes también les han allanado sus domicilios.
A esta lista ahora se suma el precandidato Miguel Mora, investigado por supuestos delitos contra la soberanía.
«La CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar la represión y, en particular, a liberar a todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente», indicó la organización, con sede en Washington, en un comunicado.
La Comisión también manifestó su preocupación por las recientes detenciones de otros líderes políticos y defensores de derechos humanos, ocurridas entre el 8 y el 14 de junio, como la activista Violeta Granera, los dirigentes opositores José Adán Aguerri, José Bernard Pallais Arana y la historiadora Dora M. Téllez.
