El asesinato del patrullero Hervin Oswaldo Orduz Pérez, ocurrido en zona rural de San Andrés, Santander, mientras viajaba con un menor de cuatro años, ha desatado indignación nacional. Las autoridades investigan el crimen como una venganza y prometen capturar a los responsables en el menor tiempo posible.
El asesinato del patrullero Hervin Oswaldo Orduz Pérez, ocurrido en la tarde del miércoles 25 de marzo de 2026 en zona rural de San Andrés, Santander, ha desatado una ola de indignación nacional. El uniformado, adscrito a la Estación de Policía Capitanejo, se movilizaba en motocicleta junto a un menor de cuatro años cuando fue atacado con arma de fuego. El menor salió ileso, pero el hecho dejó en evidencia la vulnerabilidad de los policías en zonas apartadas del país y la creciente violencia contra la fuerza pública.
La primera versión que circuló en la comunidad hablaba de un accidente de tránsito. Sin embargo, al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que el patrullero presentaba heridas de bala. La noticia se propagó rápidamente por redes sociales y medios locales, generando consternación en la provincia de García Rovira. Vecinos y líderes comunitarios expresaron su dolor y exigieron mayor presencia estatal en las vías rurales, en donde la inseguridad se ha convertido en una amenaza constante.
El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, aseguró que el crimen no quedará impune. “Este hecho no solo enluta a una familia policial, sino que constituye una agresión directa contra Colombia. Vamos tras los responsables”, declaró con firmeza. Según información preliminar, el ataque estaría relacionado con una venganza por una captura realizada previamente por el uniformado. Las autoridades ya habrían identificado al presunto autor, un hombre residente en la zona, y desplegaron un equipo especial para lograr su captura.
La Policía Nacional rechazó con contundencia el asesinato y reiteró su compromiso de enfrentar el crimen con toda la capacidad operativa e investigativa. En un comunicado oficial, la institución invitó a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en la investigación, garantizando absoluta reserva. El mensaje fue replicado en redes sociales, donde hashtags como #JusticiaParaOrduz y #NoMásViolencia se posicionaron en tendencias locales. Usuarios expresaron solidaridad con la familia del patrullero y exigieron acciones concretas para proteger a quienes arriesgan su vida por la seguridad del país.
El impacto del crimen se suma a una serie de ataques recientes contra la fuerza pública en diferentes regiones de Colombia. En marzo de 2026, dos policías fueron asesinados en la vía a Girardot, Cundinamarca; una patrullera resultó herida en Curumaní, Cesar, tras un ataque atribuido al ELN; y un atentado con explosivos en Cauca dejó un uniformado muerto y varios heridos. Estos hechos evidencian un patrón de violencia sistemática en búsqueda de intimidar y debilitar a las instituciones encargadas de garantizar el orden.
La comunidad de San Andrés, Santander, marcada por la tristeza, organizó vigilias y actos simbólicos en honor al patrullero Orduz Pérez. En las calles se escucharon voces que pedían justicia y clamaban por un país en donde los niños puedan crecer sin miedo. “El menor sobrevivió, pero crecerá con la memoria de un padre asesinado. Eso no puede ser normal en Colombia”, expresó un líder comunitario en una emisora local.
El Ministerio de Defensa también se pronunció, señalando que la justicia debe ser implacable frente a quienes atentan contra la vida de los policías. El ministro destacó que la seguridad en las zonas rurales es un desafío que requiere coordinación entre las fuerzas militares, la policía y las comunidades. “No podemos permitir que estos crímenes se conviertan en rutina. Cada ataque contra un uniformado es un ataque contra la nación”, afirmó.
La narrativa de este asesinato refleja la tensión que vive Colombia en 2026: un país en búsqueda de consolidar la paz, pero que enfrenta la persistencia de estructuras criminales y retaliaciones violentas. La historia del patrullero Orduz Pérez se convierte en símbolo de la fragilidad de la seguridad en las regiones apartadas y del sacrificio de quienes, incluso en vacaciones, siguen siendo blanco de la violencia.
La indignación ciudadana, las declaraciones oficiales y la presión mediática apuntan a que este caso no quedará en el olvido. Sin embargo, la verdadera prueba será si las promesas de justicia se materializan en capturas y condenas efectivas. La memoria del patrullero y el futuro de su hijo exigen que el Estado cumpla con su deber de proteger a quienes defienden la vida y la tranquilidad de los colombianos.
