La destitución del fiscal Karim Khan, las sanciones impuestas por Estados Unidos, la ofensiva diplomática de Donald Trump y la decisión de Venezuela de abandonar el Estatuto de Roma marcaron un punto de inflexión para la Corte Penal Internacional, cuya capacidad de actuación enfrenta hoy su mayor desafío institucional.
La Corte Penal Internacional (CPI) atraviesa el momento más complejo desde que comenzó a funcionar en 2002. En menos de dos meses confluyeron cuatro hechos que modificaron el equilibrio del principal tribunal penal del mundo: la destitución de su fiscal jefe, Karim Khan; la ofensiva política y económica emprendida por el gobierno de Donald Trump; la decisión de varios países de abandonar el Estatuto de Roma, entre ellos Venezuela; y la creciente dificultad para ejecutar órdenes de captura contra altos dirigentes internacionales.
La Asamblea de los Estados Partes decidió remover a Khan con una mayoría contundente, tras considerar probado un incumplimiento grave de sus deberes derivado de denuncias de conducta sexual inapropiada. Fue la primera vez que un fiscal jefe fue destituido durante el ejercicio de su cargo.
Aunque Khan rechazó las conclusiones de la investigación y sostuvo que las acusaciones fueron utilizadas para apartarlo de casos políticamente sensibles, la votación representó un golpe institucional sin precedentes para la credibilidad del organismo.
Su salida ocurre precisamente cuando la Fiscalía impulsaba algunas de las investigaciones más controvertidas de los últimos años, incluyendo procesos relacionados con Israel, Palestina, Ucrania, Sudán, Afganistán y Venezuela.
Sin embargo, la crisis interna no explica por sí sola el difícil momento que atraviesa la CPI. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington emprendió una estrategia abierta para reducir la influencia del tribunal.
El secretario de Estado, Marco Rubio, resumió esa política en una frase que recorrió el mundo: «Si es necesario, desmantelaremos la Corte Penal Internacional ladrillo a ladrillo.»
La expresión reflejó una posición que va mucho más allá de la tradicional distancia de Estados Unidos frente al tribunal.
Washington sostiene desde hace décadas que la CPI carece de jurisdicción para investigar ciudadanos estadounidenses o militares desplegados en operaciones internacionales.
Tanto gobiernos republicanos como demócratas compartieron esa visión. George W. Bush retiró la firma estadounidense del Estatuto de Roma; Barack Obama mantuvo una cooperación limitada; Joe Biden criticó algunas decisiones del tribunal relacionadas con Israel; y Trump llevó esa confrontación a un nuevo nivel mediante sanciones económicas y diplomáticas.
La Administración estadounidense considera que la Corte ha ampliado de manera indebida sus competencias y terminó convirtiéndose, en palabras de Rubio, en un organismo que «amenaza la soberanía de los Estados democráticos».
Diversos analistas consideran que el objetivo de la Casa Blanca es impedir cualquier intento futuro de responsabilizar penalmente a funcionarios estadounidenses por actuaciones militares en el exterior.
Las sanciones ya afectan el funcionamiento cotidiano de la Corte
La presión estadounidense dejó de ser únicamente política. Desde comienzos de 2025 Washington impuso sanciones financieras contra funcionarios del tribunal, jueces y colaboradores vinculados a investigaciones sobre Afganistán y sobre la guerra entre Israel y Hamás.
Las medidas incluyeron congelamiento de activos, cancelación de cuentas bancarias, suspensión de tarjetas de crédito, restricciones migratorias y bloqueo de servicios tecnológicos.
Uno de los episodios más llamativos fue la cancelación del correo institucional de Karim Khan por parte de Microsoft, consecuencia indirecta de las sanciones financieras.
Tres magistrados acudieron posteriormente a la justicia estadounidense para impugnar las medidas, argumentando que vulneran principios fundamentales del derecho internacional y afectan la independencia judicial.
La propia Corte advirtió que estas restricciones comprometen operaciones básicas del organismo, desde la contratación de proveedores hasta el pago de servicios, desplazamientos internacionales y protección de testigos.
Expertos en derecho internacional advierten que el mayor riesgo no consiste únicamente en la falta de recursos económicos, sino en el efecto disuasorio que producen las sanciones sobre bancos, empresas privadas y gobiernos que prefieren evitar cualquier relación con personas o entidades incluidas en las listas estadounidenses.
Ese fenómeno amenaza con aislar progresivamente al tribunal sin necesidad de modificar formalmente su estructura jurídica.
Netanyahu, Venezuela y África aumentan la presión política
La confrontación alcanzó su punto más alto cuando Karim Khan solicitó órdenes de captura contra dirigentes de Hamás y, simultáneamente, contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.
Los jueces autorizaron posteriormente dichas órdenes por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar en Gaza.
Israel rechazó la competencia de la Corte y calificó la decisión como políticamente motivada. Estados Unidos respondió defendiendo plenamente al gobierno israelí y anunció nuevas medidas contra funcionarios del tribunal. Mientras tanto, varios gobiernos comenzaron a cuestionar nuevamente la legitimidad de la CPI.
Burkina Faso, Malí y Níger formalizaron recientemente su retiro del Estatuto de Roma argumentando que la justicia internacional aplica criterios selectivos contra determinados países, especialmente africanos.
Horas después de la destitución de Khan, Venezuela notificó oficialmente su decisión de abandonar el tratado constitutivo del tribunal.
El gobierno venezolano afirmó que la Corte mantiene un «sesgo geográfico demostrado» y que actúa como un instrumento político contra determinados Estados.
No obstante, el retiro no implica el cierre automático de las investigaciones abiertas.
El Estatuto de Roma establece que la salida solo produce efectos un año después de la notificación formal y no extingue las obligaciones adquiridas mientras el Estado era miembro.
Por ello, la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Nicolás Maduro continuará su trámite independientemente de la decisión anunciada por Caracas.
El futuro de la justicia internacional dependerá del respaldo de los Estados
A pesar de la presión política, la Corte Penal Internacional continúa existiendo con el respaldo de 125 Estados Partes. No existe mecanismo jurídico mediante el cual un país externo pueda disolver el tribunal.
Estados Unidos, además, nunca ratificó el Estatuto de Roma, por lo que carece de competencias para modificar directamente su funcionamiento institucional.
Sin embargo, el verdadero desafío no radica en la existencia formal de la Corte sino en su capacidad efectiva para actuar.
La CPI carece de fuerza policial propia y depende completamente de la cooperación de los Estados para ejecutar capturas, recaudar pruebas, proteger testigos y hacer cumplir sus decisiones.
En la actualidad permanecen vigentes decenas de órdenes de arresto que nunca han sido ejecutadas precisamente por la negativa de algunos gobiernos a colaborar.
Ante la ofensiva estadounidense, la Unión Europea reiteró su «apoyo inquebrantable» al tribunal y defendió su independencia como uno de los pilares del sistema internacional de justicia.
Amnistía Internacional pidió adoptar mecanismos legales que permitan neutralizar los efectos de las sanciones estadounidenses y garantizar el funcionamiento de la institución.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que debilitar la Corte podría fortalecer la impunidad en conflictos armados donde las jurisdicciones nacionales carecen de independencia o capacidad para investigar.
