Un ataque militar liderado por Estados Unidos en Venezuela la madrugada del 3 de enero dejó al menos 40 muertos, entre civiles y militares, según fuentes citadas por The New York Times. La operación culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y desencadenó fuertes tensiones diplomáticas.
La madrugada del 3 de enero de 2026, una operación militar de Estados Unidos contra objetivos estratégicos en territorio venezolano provocó al menos 40 muertos, entre civiles y uniformados, informó The New York Times, citando a un alto funcionario venezolano bajo condición de anonimato.
La ofensiva, denominada “Operación Resolución Absoluta”, se desarrolló tras meses de crecientes tensiones entre Washington y Caracas. Desde mediados de 2025, el gobierno de Estados Unidos había intensificado la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de dirigir redes de narcotráfico de alcance internacional y de violar derechos humanos.
Según fuentes estadounidenses, el blanco fue desplegar un ataque aéreo y terrestre que desactivara las defensas venezolanas y capturara a los principales líderes del país. En un comunicado emitido tras los hechos, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que no hubo bajas entre las tropas propias, aunque reconoció que algunos militares sufrieron heridas leves durante el operativo.
El bombardeo incluyó incursiones en Caracas y zonas cercanas como La Guaira, donde se reportaron al menos siete explosiones y sobrevuelos de aeronaves a baja altura en la madrugada. Estas acciones provocaron apagones parciales y destrucción de infraestructura, incluidos edificios residenciales afectados por ataques cercanos a bases militares.
El presidente venezolano intentó refugiarse en un búnker subterráneo, pero fue capturado después de un breve enfrentamiento con fuerzas especiales. Su esposa, Cilia Flores, también fue detenida. Ambos fueron trasladados fuera del país para enfrentar cargos en tribunales estadounidenses, entre ellos narcotráfico y terrorismo, según comunicados oficiales.
Las víctimas incluyeron tanto militares como civiles, aunque las cifras oficiales totales aún son preliminares y podrían ajustarse con nuevas evaluaciones de organismos de derechos humanos y fuerzas locales. Vecinos de zonas afectadas relataron escenas de caos, con personas trasladando heridos a centros de salud improvisados y familias buscando sobrevivientes entre escombros.
El gobierno de Venezuela condenó enérgicamente la operación, calificándola de “agresión imperialista” y violación flagrante de la soberanía nacional. En un comunicado oficial, Caracas declaró que los ataques alcanzaron instalaciones civiles y militares sin discriminación, lo que agrava la crisis humanitaria en curso.
La comunidad internacional reaccionó con fuertes críticas y respaldo dividido. Países como Rusia, Cuba e Irán rechazaron la ofensiva y llamaron a acciones en foros multilaterales para rechazar la intervención. La Organización de las Naciones Unidas convocó una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad para abordar la escalada, mientras otros gobiernos instaron a respetar el derecho internacional y evitar una mayor militarización de la región.
Por otra parte, sectores de la oposición venezolana y algunos gobiernos regionales expresaron que la caída del régimen de Maduro podría abrir espacio a una transición democrática después de años de crisis económica y política. Sin embargo, este respaldo fue matizado por la preocupación por la soberanía nacional y la legalidad del uso de la fuerza.
La operación ha desatado una compleja crisis geopolítica. El traslado de Maduro y Flores a jurisdicción estadounidense para enfrentar cargos ha sido interpretado como un precedente inédito en la historia reciente de la región. La administración Trump declaró que asumirá temporalmente funciones de gobierno en Venezuela hasta que se establezca un proceso de transición “seguro y ordenado”, una afirmación que ha generado rechazo de organizaciones internacionales y gobiernos de América Latina.
Organizaciones de derechos humanos han manifestado su alarma por las víctimas civiles, enfatizando la necesidad de una investigación independiente sobre el uso de fuerza y posibles violaciones de normas humanitarias. Además, la incertidumbre sobre la estabilidad política y social en Venezuela ha provocado movimientos de mercados y preocupación entre inversionistas globales, especialmente en sectores energéticos y de deuda soberana.
A nivel interno, Venezuela enfrenta la difícil tarea de reorganizar su aparato estatal tras la disrupción de su liderazgo. La vicepresidenta designada asumió funciones temporales, aunque su reconocimiento tanto dentro como fuera del país es objeto de disputa. La población vive en tensión, con reportes de protestas, movilizaciones de apoyo y rechazo en distintas ciudades.
