El gobierno nacional debe poner en marcha acciones integrales, contundentes y prontas para resolver la grave situación de inseguridad alimentaria que sigue cobrando vidas de niños y adolescentes en La Guajira, exigió el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al referirse al más reciente caso que tuvo lugar en la ciudad de Riohacha donde murió un bebé de dos meses a causa de desnutrición severa; a ello, según el funcionario, se suman las quejas relacionadas con la inoperancia y falta de cobertura de los programas para la primera infancia.
“Le solicitamos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informar detalladamente la situación actual de la prestación de los servicios a la primera infancia en La Guajira. También es necesario conocer el número de niñas y niños que hasta la fecha han sido atendidos bajo cada modalidad de atención”, dijo Camargo Assis.
Cifras desalentadoras
Entre enero y marzo del 2024, según información del Instituto Nacional de Salud, en La Guajira fueron notificados 649 casos de desnutrición aguda moderada y severa en niños menores de cinco años. El 84 % de los casos correspondió a población indígena; en la misma línea fueron reportadas diez muertes por desnutrición y causas asociadas, dos de ellas confirmadas y ocho en estudio.
“La vida, salud y seguridad alimentaria son derechos no susceptibles de espera o demora por cuestiones administrativas. Por ello, insto a los órganos de control a identificar, investigar e implementar las acciones necesarias para que las entidades con responsabilidades en la actual situación actúen conforme a sus obligaciones”, expresó el defensor del Pueblo.
No más discursos
La preocupación crece, añadió Camargo Assis, pues pese a los discursos y anuncios del gobierno nacional para mitigar los casos y muertes por desnutrición, en La Guajira siguen falleciendo los niños por esa causa. “Lo que está sucediendo no se resuelve con discursos de voluntad; las acciones integrales, eficaces, estructurales y coordinadas se deben desarrollar y poner en marcha de manera urgente”.
Si bien es cierto que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está adelantando estudios para poner en vigencia una modalidad propia que tenga en cuenta el enfoque étnico diferencial, no puede ser excusa para desatender la situación de inseguridad alimentaria en el territorio.
“Además de los estudios y pilotajes que se realizan en La Guajira, se debe dar respuesta a las problemáticas estructurales y no afectar la continuidad de las modalidades para la primera infancia, se deben lograr acciones que permitan garantizar el derecho a la alimentación de la niñez”, sostuvo Camargo Assis.
También dijo que es importante adelantar acciones y programas que tengan en cuenta el enfoque étnico y territorial, los usos y costumbres de las poblaciones; sin embargo, mientras se surten los procesos y estudios pertinentes, los menores de edad de La Guajira deben estar vinculados a los diferentes servicios y modalidades de atención.
“Lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo sobre el eje transformador del derecho fundamental a la alimentación no puede quedarse en el papel, la desnutrición en la niñez debe ser una prioridad en la agenda nacional”, finalizó el defensor del Pueblo.
APN Noticias
