Por: Óscar Prada/ En el año 2016 la Corte Constitucional mediante la sentencia T 622, reconoció al río Atrato y sus afluentes como sujetos de derechos, ante los infructuosos esfuerzos para evitar su contaminación por parte de las comunidades étnicas. Fue el tercer río en el mundo con dicho reconocimiento legal.
Los mandatos fueron claros, el Atrato tendría representación: un miembro en cabeza del gobierno y otro por parte de las comunidades que lo habitan. De la sentencia se desplegaron órdenes a las instituciones y a los territorios enfocadas en derrotar la minería ilegal y la deforestación.
Hoy, en la cuenca del Atrato, una de las zonas más biodiversas de la tierra, fluye la muerte. Aguas residuales, cuerpos humanos y sustancias tóxicas; hacen impensable que sus pobladores puedan incluso bañarse en su cauce.
El accionar de los grupos armados ilegales, sumado a la lenta respuesta del gobierno nacional en desplegar acciones contundentes para frenar la minería ilegal, ha permitido que literalmente los habitantes de la zona alberguen mercurio en su sangre.
Estudios al momento de la decisión indicaron que incluso en algunos pobladores su sangre contenía 16 ppm de mercurio, cuando el índice tolerable es de 1ppm. [1]
Según estudios de la organización Mercury Watch, este río recibe aproximadamente 60 toneladas anuales de mercurio producto de la minería ilegal de oro; y es una de las seis sustancias químicas más tóxicas y peligrosas para la salud según la OMS, ya que genera daños al sistema nervioso central.[2]
Lo ocurrido en el Atrato no es un caso aislado, la Procuraduría advierte que la minería ilegal golpea a 29 de los 32 departamentos. El río en cuestión es el espejo de un país que ostenta además el triste récord de ser el territorio con mayor liberación de mercurio per cápita al ambiente. Una catástrofe descomunal.[3]
La tragedia se agrava por la indiferencia social. Mientras el Estado incumple sus obligaciones, la ciudadanía permanece pasiva. Esta combinación letal es perfecta para que los ecosistemas agonicen.
Ello tiene una razón; la organización no gubernamental Global Witness, indicó en 2022 que Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores ambientales. Según la lideresa del río Magdalena Yuly Velázquez: “defender el medio ambiente significa tener la muerte encima”[4]
La agonía del Atrato demuestra que las leyes garantistas y las sentencias históricas no bastan si las palabras no trascienden el papel. La Constitución puede proclamar derechos, pero sin acción estatal ni presión ciudadana son solo retórica.
En Colombia incluso el agua que se bebe contiene violencia; y cada sorbo de indiferencia nos acerca a la muerte. Se necesita entender que defender la naturaleza es proteger la vida misma. Cuidar los ríos es construir el futuro como sociedad.
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*Estudiante de derecho.
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(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
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[1] Tomado de la Sentencia T 622 de 2016.
