El auditor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, prendió las alarmas para evitar que inicie la ‘feria’ de contratos antes de que entre en vigor la Ley de Garantías en materia de contratación directa con el Estado.
Según esa ley, gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades estatales del orden municipal, departamental y distrital no pueden celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a la elección.
En este sentido, el auditor alertó que la contratación directa es «uno de los puntos críticos que abre paso a la corrupción». Este jueves, en el marco de su primer encuentro oficial con los 64 contralores territoriales del país, Rodríguez Becerra, presentó cifras que justifican su preocupación.
Por ejemplo, señaló que, en 2015, antes de entrar en vigencia la ley, «se contrataron directamente $10.5 billones (…) pero lo que es aún más preocupante es que tan solo en un día, el 24 de junio de 2015, el último día antes de entrar en vigencia dicha ley, se realizaron contratos por un valor de $700.000 mil millones, constituyéndose en el día de mayor contratación de toda la vigencia».
«Hago un atento llamado a verificar y por supuesto controlar si la finalidad para la cual fue creada esta Ley de Garantías electorales cumple su cometido o por el contrario que genera es una desmedida en la actividad contractual. Durante los primeros diez meses del año en curso, de $22 billones en contratación, se han contratado $3.7 billones, con 10.463 entidades sin ánimo de lucro, es decir un 17% del total; de los cuales $3.1 billones (86%) se contrataron de manera directa».
El funcionario hizo referencia a los objetos de los contratos que se han firmado en los últimos meses, contratos que, se supone, deben ser objeto de un análisis más amplio antes de ser asignados de manera directa.
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«Preocupa a esta entidad que dentro de los objetos contratados después de junio se encontraron entre otros: Servicios de lectura y reporte de placas de citologías, instalaciones deportivas, construcción de redes de media y baja tensión, montaje de transformadores para electrificación y construcción de pavimento rígido, objetos contractuales que deberían ser materia de análisis especial dentro de la órbita de la nueva reglamentación».
Según el auditor, los Departamentos con mayor contratación directa son Antioquia con 87%, Quindío con un 78%, Valle del Cauca con un 77% y Caldas con un 76%. Por otro lado, los Departamentos que más acudieron a la modalidad de licitación pública son Vichada con un 46%, Arauca con un 36%, Córdoba con un 35%, Guaviare con un 31% y Cesar con un 30%.
A nivel Regional, el Eje Cafetero es la que más acude a la contratación directa con un 84%, mientras que la Región Caribe es la que más utiliza la Licitación pública pero apenas representa el 28%.
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«Observamos con preocupación que lo que antes era la excepción, hoy es la regla y viceversa, pues vemos que para la vigencia 2016, la contratación directa representó un 74% del valor total de la contratación, y en lo que concierne a los primeros diez meses del 2017 estamos hablando de una contratación directa del 70%, lo cual nos alerta, pues es una cifra cercana a la de todo el año 2016, y aún falta por revisar el indicador incluyendo los meses de noviembre y diciembre, que históricamente arrojan la mayor actividad contractual, agravada con que en este período entró en vigencia la Ley de Garantías electorales, que en su última aplicación en el año 2015, disparó los indicadores de manera alarmante».
Para Carlos Hernán Rodríguez Becerra, «lo que es más grave es que las cifras de 2016 ya habían pegado un gran salto con relación a las del 2014, en donde la contratación directa fue del 52%, lo que indica que en cuatro años se incrementó en más de 20 puntos porcentuales. Consecuentemente se evidencia un declive en la licitación pública, que pasa del 31% en el año 2014 al 18% apenas a octubre de 2017, con las consiguientes implicaciones al menos en la percepción en los temas de corrupción, transparencia, pluralidad».
Rodríguez Becerra instó a los contralores a actuar con oportunidad y decisión frente a la contratación y los presupuestos de sus jurisdicciones, a involucrar a la ciudadanía y al control social en la vigilancia de los recursos públicos y a modernizar y fortalecer los organismos territoriales de control fiscal como adalides de la lucha contra la corrupción.
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