Por: Juana Yolanda Bazán Achury/ Colombia es un país de regiones con idiosincrasia propia, con fortalezas en muchos aspectos y debilidades en otros, pero con gente trabajadora y comprometida con el futuro, por ello creo que es de una gran importancia este proyecto de ley, que le dará posibilidades de crecimiento y desarrollo a las regiones, departamentos y municipios, permitirá que aflore la organización social, se creen nuevas fuentes de recursos, se avance en la veeduría ciudadana se vea la prosperidad y el bienestar.
Artículo 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
Partiendo del primer artículo de la Constitución Política de Colombia, la promesa constituyente de hace 33 años en la definición de Estado consagró como presupuesto fundamental de la organización del mismo, la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales, a la fecha no se ha cumplido, por el contrario se ha venido observando un retroceso, la mayoría de los Alcaldes y Gobernadores no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en sus regiones, acentuándose la precariedad en los Departamentos apartados, fronterizos y en las zonas de mayor pobreza.
En nuestro país el poder central y por ende Presidencial es muy fuerte, los esfuerzos de descentralización de los gobiernos centrales, no han estado precedidos de una adecuada planeación, no se han determinado las diferencias regionales, ni las necesidades, la legislación proferida al respecto, salvo algunas excepciones ha tratado la problemática social, con las mismas reglas fiscales, asignando las mismas competencias y recursos, se han hecho intentos como el de los Corpes y otros, pero no han sido exitosos, los procesos de descentralización han estado alejados de la realidad socioeconómica, cultural y étnica de las regiones, desconociendo que cada una tiene sus propias especificidades, sobre las cuales se debe construir el desarrollo.
El centralismo ha traído problemas de orden público, fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, atraso, falta de oportunidades, deficiente atención de las comunidades, problemas en la administración de justicia, abandono de las comunidades y aumentado sistemáticamente las brechas sociales.
Muy a pesar de las bondades de la Constitución, esta ha sido una tarea pendiente junto con otras, de la mano del fortalecimiento de las entidades territoriales va la reforma política necesaria y urgente y el nuevo ordenamiento territorial.
Es innegable que en todos los departamentos del país hay municipios inviables, por la escasez de recursos rentísticos, reducida población, poca o nula capacidad institucional, mínima actividad económica e incluso su ubicación geográfica les limita su proyección futura, la politiquería no permite que pierdan su condición de municipios, se adhieran a otros vecinos para gestionar el desarrollo y el bienestar de sus habitantes.
El proyecto de acto legislativo de iniciativa parlamentaria, que cursó su séptimo debate en la Comisión Primera de Cámara, modifica el actual Sistema General de Participaciones, pretende fortalecer las regiones, proveer más autonomía político administrativa, asegurando mayores recursos a los departamentos, municipios y distritos; el monto que la nación transfiere a las entidades territoriales actualmente asciende a un 20%, el nuevo proyecto propone aumento de manera gradual hasta el 39.5 % para los próximos 12 años, se distribuirán a las regiones teniendo en cuenta variables como el índice de necesidades básicas insatisfechas y el nivel poblacional entre otras.
Hoy los recursos que reciben los Municipios, Departamentos y Distritos están destinados, a salud, educación, saneamiento básico y agua potable como prioridades.
El cumplimiento de la ley esta condicionada a la aprobación de otra, que defina las competencias que se trasladarían a las entidades territoriales para hacer un adecuado uso de estos recursos y la forma en la que se otorgarían competencias y responsabilidades.
Hay posiciones a favor y en contra, quienes desconfían de los gobernantes departamentales, municipales y distritales, consideran que es inconveniente sobre todo por razones de transparencia afirman que, la descentralización política administrativa también trajo la descentralización en la corrupción, por tanto, los recursos podrían convertirse en botín de los corruptos, en manos de la nación seguirían como hasta ahora, mecanismo de transferencias que ha sido relativamente efectivo.
Quienes estamos a favor consideramos que, es un logro importante, la descentralización ha alcanzado un nivel de madurez la única forma de avanzar, crecer y resolver los problemas de seguridad, crecimiento económico, atención a las necesidades básicas es profundizando la descentralización y dándole confianza a las regiones y provincias lo que implica construir un escenario de autonomía territorial, posición que comparto ampliamente.
Se debe mejorar y fortalecer toda la información disponible sobre las entidades territoriales, que permitan conocer la situación real de cada una de las regiones, articular el ejercicio con las otras dependencias que han manejado los recursos, en los diferentes niveles estatales, con esquemas de cooperación, y ayudas institucionales.
No podemos desconocer el monstruo de la corrupción que pervierte todo lo que toca especialmente lo público, es verdad que inicialmente los recursos deben estar blindados, hay que fortalecer los controles para que no nos veamos avocados a ver como recursos tan importantes para el desarrollo, crecimiento y bienestar de todos, en especial de quienes más los necesitan vayan a terminar en los bolsillos de los corruptos. A su vez esta no puede convertirse en un instrumento que se imponga sobre las necesidades de bienestar y desarrollo de los ciudadanos, todos debemos cuidar lo público
Lo anterior exige una reforma política que profundice la democracia, fortalezca los partidos y permita que los lideres regionales ejerzan su labor asumiendo mayores responsabilidades, con partidos fuertes y propuestas programáticas de largo plazo, con amplia participación ciudadana, que definan para donde quieren orientar el desarrollo regional.
Se debe acabar las circunscripción nacional para la elección de senadores, esto no ha tenido mayor efecto práctico, los senados trabajan principalmente por sus departamentos y de manera excepcional apoyan algunos proyectos de otras regiones en las que recibieron votos, para lo cual no están impedidos de hacerlo, pero no tiene sentido este sistema de elección, la elección de cámara y senado se hace el mismo día y por el mismo periodo en un sistema bicameral, donde cada una de las corporaciones es una cámara de segunda lectura, sin diferenciar competencias frente a las votaciones, solamente en relación con el inició y registro de los proyectos, los senadores elegidos solo por su departamento sería de mayor utilidad frente a la autonomía regional.
Colombia es un país de regiones con idiosincrasia propia, con fortalezas en muchos aspectos y debilidades en otros, pero con gente trabajadora y comprometida con el futuro, por ello creo que es de una gran importancia este proyecto de ley, que le dará posibilidades de crecimiento y desarrollo a las regiones, departamentos y municipios, permitirá que aflore la organización social, se creen nuevas fuentes de recursos, se avance en la veeduría ciudadana se vea la prosperidad y el bienestar.
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*Exrepresentante a la Cámara por Santander.