La Misión de Verificación de las Naciones Unidas reconoció, ante el Consejo de Seguridad, los progresos en la implementación de la política de Paz con Legalidad, como la reincorporación socioeconómica de los más de 13.000 excombatientes que dieron el paso a la legalidad.
El representante de la Misión en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, destacó el trabajo de las entidades gubernamentales, el sector privado y la comunidad internacional para cumplirle a la población que adelanta su tránsito hacia la vida civil.
“Han desempeñado un papel fundamental mediante la provisión de asistencia financiera y técnica para iniciativas productivas”, dijo Massieu durante la presentación del Informe Trimestral de la Misión.
Por su parte, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila manifestó, durante su intervención, que se evidencian progresos en todos los campos de manera integral: las garantías legales y políticas, el apoyo a las víctimas, el trabajo de reincorporación, la sustitución de cultivos ilícitos, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Desarrollo Rural Integral, el desminado humanitario y las perspectivas de género y étnica que son transversales a todo el proceso.
“Colombia sigue siendo, como lo dijo el Secretario General, una inspiración en materia de implementación. Uno de los temas es precisamente el proceso de reincorporación de más de 13.000 hombres y mujeres desmovilizados, al haber consagrado –en nuestro Plan Nacional de Desarrollo– que los acompañaremos hasta que cada uno de ellos haya, en cada una de las áreas de garantías, llegado al nivel que creemos adecuado para su incorporación a la sociedad”, aseguró Archila.
El Consejero también manifestó que se está cumpliendo con las siete garantías de reincorporación: sostenibilidad económica, vivienda, familia; educación, salud; acompañamiento psicosocial y acompañamiento comunitario.
“El 70% personas reinsertadas tiene sostenibilidad económica, esto es 9.080 personas, de las cuales 8.254 participan en 3.887 proyectos productivos; el 57% ha tenido acceso a educación básica primaria, secundaria, media y educación superior; el 77% está vinculada a programas para el trabajo y el desarrollo humano, y el 88% cuenta ya con acompañamiento psicosocial para garantizar su plena reintegración a la comunidad”, subrayó Archila.
Según el Consejero, para velar por la sostenibilidad de los proyectos con óptica empresarial, se les ha incorporado la asistencia técnica necesaria, sumando una inversión de 20 millones de dólares.
Expresó que hay un compromiso voluntario sobre la vivienda para esta población y, para ello, se han abierto alternativas de crédito, subsidios y mejoramientos, además de que se han invertido alrededor de 2,2 millones de dólares, garantizando beneficios habitacionales para 1.755 personas y sus familias.
Frente a la seguridad de la población reincorporada reiteró que, para el Gobierno y las demás entidades del Estado colombiano, la seguridad de los excombatientes y sus familias siempre ha sido una prioridad.
“Durante el tiempo de esta administración, cada año se han reducido los ataques y las muertes. Entre 2020 y 2021 se redujo en un 27%, tal como lo reconoce el informe. Más de 12.500 de excombatientes no reportan situación de riesgo o amenaza de seguridad alguna”, dijo.
