Entre la protección de asilo y la extradición. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se encuentra en una nueva encrucijada luego de que su país solicitara formalmente su expulsión de Bélgica para presentarse ante la Justicia ecuatoriana.
La mala noticia para el exmandatario llegó poco después de que su abogado, Christophe Marchand, se declarara “feliz” al confirmar que Bruselas otorgó a Correa el estatus de refugiado en ese territorio.
Marchand explicó que la solicitud de la medida de protección fue hecha desde 2018, año en el que Ecuador empezó a abrir procesos de investigación contra él, entre ellos uno que relacionaba al exmandatario con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado «caso Balda».
El apoderado de Correa explicó que para conferirle el asilo, el Gobierno belga le pidió demostrar la existencia de una persecución política en su contra en su país de origen, por lo que la concesión respaldaría los alegatos del expresidente.
Para ello, Correa aportó “documentación sobre los casos criminales en su contra con motivaciones políticas» y «destinados a impedir su carera política», destacó el abogado.
«‘La ignorancia es como noche sin estrellas’. El asilo político es el reconocimiento de que todo ha sido persecución política», escribió Correa en su cuenta de Twitter, tras conocer la decisión.
«La ignorancia es como noche sin estrellas».
El asilo político es el reconocimiento de que todo ha sido persecución política, pero sigan nomás derramando su odio, ayuda a que cada vez les crean menos😉#LosCorruptosSiempreFueronEllos
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— Rafael Correa (@MashiRafael) April 22, 2022
Nuevo pedido de extradición contra Correa
El otorgamiento de asilo por parte de Bruselas se vio empañado por Quito. El presidente de la Corte Nacional de Justicia del país suramericano, Iván Saquicela, anunció que firmó una solicitud formal para la entrega de Correa a las autoridades.
“He firmado la providencia iniciando el trámite de extradición como corresponde del ciudadano expresidente”, dijo Saquicela en una sorpresiva declaración emitida por la televisión local este viernes 22 de abril.
El funcionario explicó que la medida busca el cumplimiento de la sentencia firme de 2020 con la que Correa fue condenado a ocho años de cárcel, acusado de cohecho agravado, es decir soborno con el fin de obtener un beneficio. Con ese dictamen el exgobernante además perdió sus derechos políticos por 25 años.
El caso se refiere a la entrega de millones de dólares que según la Justicia hicieron empresarios al entonces partido gobernante Alianza País, a cambio de que les concedieran grandes obras de infraestructura, entre 2012 y 2016.
En entrevistas entre 2018 y 2020, el exmandatario ratificó su posición de que los señalamientos en su contra corresponden a “un montaje”. “La inmensa mayoría sabe que esto es una persecución política”, enfatizó el exjefe de Estado.
La sentencia emitida hace dos años bloqueó al exmandatario su participación en las elecciones presidenciales de 2021 a las que se había postulado.
Ahora, y según lo expuesto por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, corresponde a la Cancillería ecuatoriana tramitar ante el Gobierno de Bélgica el proceso para retornar a Correa a su país, con base al convenio de extradición con la nación europea que data de 1887 y a tratados internacionales más recientes.
