De un negacionismo sistemático de la pandemia a una supuesta trama de corrupción para la adquisición de vacunas contra el Covid-19. Dos señalamientos que persiguen al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y que hoy aumentan la presión a su gestión y a su posible candidatura a la reelección en 2022.
Este 2 de julio, la Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo abrir una investigación contra el mandatario por presunto prevaricato, con el fin de esclarecer si sabía o no de irregularidades en un contrato con la farmacéutica india Bharat Biotech para adquirir al menos 20 millones de dosis de su vacuna Covaxin.
Días atrás, el diputado de centroderecha y aliado de Bolsonaro Luis Miranda declaró ante la comisión parlamentaria del Senado junto a su hermano Ricardo Miranda, funcionario del Ministerio de Salud, quien aseguró haber sufrido «presiones» por parte de funcionarios para dar luz verde a un contrato, firmado en febrero, por alrededor de 320 millones de dólares, pese a que este contenía errores que contarían millones en pérdidas a la cartera de Salud. Luis Miranda, por su parte, aseguró haber informado de estas irregularidades a Bolsonaro meses atrás.
El contrato contemplaba adquirir 20 millones de dosis de Covaxin a un costo de 15 dólares cada una, la más cara de todas las vacunas compradas hasta la fecha por Brasil. La negociación se haría a través de un intermediario brasileño del fabricante Bharat Biotech. Se trata de la empresa Precisa Medicamentos, que ya habría incurrido en presunto fraude por adquisiciones oficiales de otros fármacos.
Ricardo Miranda, quien es jefe de importación en el Ministerio de Salud y responsable de fiscalizar los contratos, dijo que las presiones incluyeron llamadas de sus jefes en la madrugada y durante fines de semana para que avalara el acuerdo de compra.
Pero las sospechas para Miranda se elevaron especialmente al encontrar otras irregularidades en las facturas, en particular un pago por adelantado de 45 millones de dólares, que sería depositado a una tercera empresa que no figuraba en el contrato: la firma Madison, con sede en Singapur. Los Miranda mostraron copias de documentos que sugerían pagos anticipados en un paraíso fiscal. La comisión parlamentaria lo consideró «altamente sospechoso».
¿Qué responsabilidad tendría en el caso Covaxin?
Los hermanos Miranda afirmaron que contactaron al presidente Jair Bolsonaro el pasado 20 de marzo para informarle que había un intento por desviar dinero a través de este contrato. El presidente respondió que trasladaría sus sospechas a la Policía Federal para que investigaran el caso. Sin embargo, no cumplió con esa promesa, aseguraron los demandantes.
Ahora, en su solicitud, la Fiscalía brasileña pide que se aclare lo que se hizo después de la reunión «en términos de adopción de medidas». El ente acusador busca esclarecer todo lo relacionado con el presunto aviso que recibió el mandatario y así comprobar si habría incurrido en el delito de prevaricato, al dar una orden contraria a la ley y en incumplimiento de sus funciones como servidor público.
Asimismo, el ente acusador solicitó a la Contraloría General, al Tribunal de Cuentas de la Federación, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la comisión del Senado información sobre posibles pruebas.
En su declaración, el funcionario del Ministerio de Salud también apuntó como sospecha el hecho de que el Gobierno brasileño hubiera dado largas a la compra de vacunas de la farmacéutica Pfizer. La Administración de Bolsonaro es señalada de hacer esperar durante varios meses a representantes del laboratorio estadounidense que habían ofrecido sus antídotos a precios competitivos en Brasil.
Más de 50 correos electrónicos enviados por Pfizer, desde agosto de 2020, no obtuvieron respuesta, según declaró el pasado mayo Carlos Murillo, responsable de la farmacéutica en América Latina. Finalmente, la empresa cerró un contrato con Brasil hasta marzo de 2021.
Como si fuera poco, la polémica escaló aún más cuando el diario local ‘Folha de Sao Paulo’ publicó una entrevista con Luiz Paulo Dominguetti Pereira, el pasado martes. Se trata del representante de una distribuidora de vacunas que el pasado febrero ofreció 400 millones de dosis de AstraZeneca al Ministerio de Salud brasileño.
Dominguetti asegura que en ese momento el director de logística del Ministerio, Roberto Ferreira Días, condicionó la compra de los 400 millones de vacunas a que el empresario aumentara en un dólar el precio de cada dosis. Dominguetti reafirmó sus acusaciones ante la comisión parlamentaria el jueves.
Ferreira Días, ya apartado de su cargo, es también uno de los jefes a quien Luis Miranda acusa de haberlo presionado por el contrato de Covaxin.
Más llamados de ‘impeachment’ contra Bolsonaro
Con este caso, Bolsonaro enfrenta múltiples llamados de dimisión, que si bien deben pasar primero por el filtro del Congreso, son una constante oposición a sus intenciones de presentarse a una reelección el próximo año.
Son 123 las solicitudes de ‘impeachment’ contra el mandatario, la mayoría de ellas relacionadas con su gestión de la pandemia, luego de que su negacionismo pusiera a Brasil como uno de los epicentros de la emergencia sanitaria, algo que le ha costado la vida a más de 521.000 personas en ese país.
A la última solicitud de juicio político contra Bolsonaro por el contrato de Covaxin, firmada por una mayoría de partidos de izquierda, se sumaron incluso algunos diputados de derecha que fueron elegidos con votos «bolsonaristas».
«El alcance del daño político sigue siendo incierto (…) Concretamente, lo único que se puede decir es que el Gobierno está acorralado y es cada vez más rehén de sus aliados», escribió el diario O Globo en una editorial publicada el martes.
Tres senadores de la oposición en la comisión, incluido el vicepresidente, el senador Randolfe Rodrigues, solicitaron el lunes la investigación de una presunta corrupción en el acuerdo de Covaxin.
Los senadores argumentaron que Bolsonaro no tomó medidas cuando fue informado en marzo sobre las presuntas irregularidades en las negociaciones.
El Gobierno rechaza haber actuado mal y asegura que Bolsonaro pasó el caso al entonces ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, quien no encontró nada irregular.
