El Gobierno de El Salvador inició un proceso judicial sin precedentes contra cientos de presuntos líderes de pandillas, acusado de miles de crímenes. Mientras el oficialismo lo defiende como un avance histórico contra la impunidad, organizaciones de derechos humanos alertan sobre riesgos legales y abusos.
El Salvador vive uno de los momentos más decisivos en su lucha contra el crimen organizado. Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, el país ha puesto en marcha un juicio masivo contra 486 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha-13 (MS-13), acusados de ordenar miles de homicidios durante la última década. El proceso, calificado por el Gobierno como “histórico”, ha abierto un intenso debate jurídico y político tanto a nivel nacional como internacional.
La Fiscalía salvadoreña sostiene que los acusados, entre ellos miembros de la denominada Ranfla Nacional —la cúpula de la organización—, fueron responsables de coordinar hasta 29.000 homicidios entre 2012 y 2022. Según la acusación, estas órdenes se emitían desde el interior del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido como “Zacatrás”, donde varios líderes permanecían recluidos.
“El sustento probatorio incluye testimonios que detallan cómo operaba la estructura”, explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, quien defendió que las órdenes fluían desde la cúpula hacia niveles inferiores hasta llegar a los ejecutores materiales. Este esquema, según la Fiscalía, justifica la imputación colectiva bajo el principio de responsabilidad de mando.
Ese concepto ha sido clave en la defensa política del proceso. El propio Bukele ha recurrido a comparaciones históricas para legitimar la estrategia. “No estamos inventando nada. Este principio se aplicó en los Juicios de Núremberg”, afirmó el mandatario, en referencia a los procesos contra líderes nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Con esta analogía, el Gobierno busca sustentar la idea de que los líderes pueden ser juzgados por crímenes ejecutados por subordinados.
Sin embargo, esta comparación ha sido fuertemente cuestionada. Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos advierten que el contexto salvadoreño difiere profundamente del escenario posterior a la guerra en Europa. “Los juicios de Núremberg se realizaron con garantías procesales claras y con una individualización de responsabilidades”, señalan analistas.
Una de las principales críticas al proceso radica precisamente en la falta de individualización. Aunque la acusación identifica a líderes y menciona algunas víctimas, no logra precisar en todos los casos quién ejecutó materialmente los crímenes. Para organizaciones como Cristosal, esto representa un riesgo grave. “Juicios de esta naturaleza pueden convertirse en atajos para generar condenas masivas sin establecer responsabilidades individuales”, advirtió su director ejecutivo.
El contexto en el que se desarrolla este proceso es determinante. Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que ha permitido la detención de decenas de miles de personas sospechosas de vínculos con pandillas. Esta medida ha sido defendida por el Gobierno como una herramienta eficaz para reducir la violencia, pero también ha sido señalada por posibles abusos.
Datos revelados por investigaciones periodísticas indican que miles de detenidos no tenían antecedentes ni perfiles claros como miembros de pandillas. Este hecho ha alimentado las preocupaciones sobre posibles detenciones arbitrarias. “Existe el riesgo de que personas inocentes sean procesadas junto a verdaderos criminales”, advierten defensores de derechos humanos.
A pesar de las críticas, el Gobierno insiste en que el proceso responde a una necesidad urgente de combatir la impunidad. Antes de la llegada de Bukele al poder, el sistema judicial salvadoreño enfrentaba enormes limitaciones. Según cifras oficiales, el 97% de los homicidios quedaban sin resolver y solo una pequeña fracción llegaba a juicio.
En ese contexto, los juicios masivos se presentan como una solución para procesar miles de delitos acumulados. La Fiscalía ha señalado que este proceso permitirá abordar cerca de 49.000 casos relacionados con homicidios, extorsión, narcotráfico y otros delitos graves. “Es una oportunidad para hacer justicia de manera integral”, sostienen autoridades.
Sin embargo, el diseño del proceso también ha generado inquietudes. Las reformas legales aprobadas durante el régimen de excepción permiten el uso de “jueces sin rostro”, la ampliación de plazos de detención preventiva y la flexibilización de ciertas garantías procesales. Estas medidas, según críticos, podrían debilitar el debido proceso.
“El problema no es solo la magnitud del juicio, sino las condiciones en las que se realiza”, señalan expertos legales. La posibilidad de que los procesos se extiendan durante años implica que algunos acusados podrían pasar largos periodos en prisión sin una sentencia definitiva.
En el plano político, la estrategia de Bukele ha sido ampliamente respaldada por su base de apoyo. La reducción de los índices de homicidios en el país ha fortalecido su imagen como líder eficaz en materia de seguridad. Las imágenes difundidas por el Gobierno, que muestran a cientos de presuntos pandilleros encadenados durante audiencias, forman parte de una narrativa que busca demostrar control y autoridad.
No obstante, esta narrativa también ha sido cuestionada por organismos internacionales. La preocupación principal gira en torno al equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales. “Combatir el crimen no puede justificar la erosión del Estado de derecho”, advierten voces críticas.
El caso también tiene implicaciones regionales. La lucha contra las pandillas en Centroamérica ha sido históricamente compleja, con redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales. La estrategia salvadoreña podría influir en otros países que enfrentan problemas similares, aunque no sin controversia.
En el ámbito jurídico, el proceso plantea preguntas sobre la aplicación del principio de responsabilidad de mando fuera de contextos de guerra. Aunque este concepto es reconocido en el derecho internacional, su uso en casos de crimen organizado no está exento de debate. “Es un terreno legalmente delicado”, señalan especialistas.
Mientras tanto, el juicio continúa bajo reserva, lo que limita el acceso a información detallada sobre su desarrollo. Esta falta de transparencia ha sido otro punto de crítica. “La justicia debe ser no solo efectiva, sino también visible y verificable”, sostienen organizaciones civiles.
En última instancia, el proceso refleja una tensión profunda entre dos objetivos: garantizar la seguridad y preservar las garantías legales. El Gobierno de Bukele ha optado por un enfoque contundente, respaldado por resultados visibles en términos de reducción de violencia. Pero el costo de esa estrategia, según sus críticos, podría ser alto en términos institucionales.
El desenlace de estos juicios será clave para evaluar el impacto de esta política. Más allá de las condenas que puedan dictarse, el verdadero debate gira en torno al modelo de justicia que se está construyendo en El Salvador. Un modelo que, para algunos, representa una respuesta necesaria frente al crimen; y para otros, un riesgo para el Estado de derecho.
En ese equilibrio se juega no solo el futuro de cientos de acusados, sino también la credibilidad del sistema judicial salvadoreño.
