Tras una frenética y extensa jornada de casi 24 horas, la Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes 9 de noviembre abrir un juicio político con fines de destitución contra el presidente Sebastián Piñera.
La acusación constitucional, impulsada en bloque por la oposición, fue avalada con 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones. El cuerpo legislativo alcanzó así el apoyo mínimo que requería para aprobar el proceso.
Esta fue una de las sesiones más singulares que ha vivido la Cámara Baja chilena en décadas y que terminó tras la llegada, después de la medianoche, del legislador Girorgio Jackson, que solo hasta ese momento culminaba una cuarentena preventiva por Covid-19.
Su voto terminó dando la estocada final de los opositores que desde el pasado 13 de octubre presentaron su solicitud de imputar al jefe de Estado por faltar al principio de “probidad” y «comprometer gravemente el honor de la Nación».
Ahora el proceso deberá pasar al Senado, que será el encargado de juzgar al mandatario. La Cámara Alta deberá discutirlo entre este viernes 12 de noviembre y el lunes 15.
No obstante, allí se requiere de 29 votos mínimos para avanzar con la acusación, cuando la oposición tiene 24 senadores.
El proceso es lanzado justo pocos días antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre, consideradas las más trascendentales e inciertas de la historia reciente del país y en las que se definirá el sucesor de Piñera.
La investigación que tiene a Piñera contra las cuerdas
La situación se remite a las polémicas revelaciones de la investigación periodística conocida como ‘Pandora Papers’ o los ‘Papeles de Pandora’, que el pasado octubre reveló que al menos 35 líderes mundiales estuvieron involucrados en presuntos casos de corrupción vinculados a paraísos fiscales.
Entre ellos, 14 líderes latinoamericanos de los que se destaca el mandatario chileno. Su nombre resultó salpicado por supuestamente favorecer la venta del polémico mega proyecto minero Dominga, durante su primer periodo en el Ejecutivo, entre 2010 y 2014.
Según los documentos citados, la minera habría sido vendida a un empresario y amigo del mandatario, Carlos Alberto Délano, por un total de 152 millones de dólares. 138 millones de ellos en un acta firmada en las Islas Vírgenes.
Para ello, en el paraíso fiscal se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas y, para cumplirse la última, no tenía que haber cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. Pero la decisión recaería justamente sobre el Gobierno de Piñera.
Tras las publicaciones de los ‘Papeles de Pandora’, el Palacio de la Moneda refutó las acusaciones y aseguró que el caso ya había sido investigado y descartado por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, en 2017.
A pesar de la defensa, la oposición siguió adelante con el juicio político con miras a una destitución, el cual Piñera enfrenta en el ocaso de su Administración y con varios frentes abiertos tras un convulso periodo.
