Una nueva reforma constitucional a la justicia será tramitada en la legislatura que comenzó el pasado 20 de julio, luego de que la bancada de Cambio Radical volviera a presentar el proyecto.
Se trata de un acto legislativo, radicado por los congresistas César Lorduy, Julio César Triana y Modesto Aguilera, que contiene nuevos elementos para mejorar la administración judicial, garantizar la descongestión de los despachos y modificar el procedimiento penal.
En primer lugar se propone ampliar a 25 años la experiencia para ser magistrado de las altas cortes, extender su periodo a 12 años y establecer como requisito una edad mínima de 50 años para poder ocupar uno de esos cargos.
Adicionalmente, plantea que los presidentes de esas corporaciones tengan un periodo de dos años y que cualquiera de los magistrados pueda ser suspendido cuando haya cometido alguna conducta inapropiada.
“Propone que el Procurador General de la Nación sea elegido de una lista de elegibles conformada por convocatoria pública, actualmente se elige de una terna enviada por el presidente de la República”, manifestó la bancada de Cambio Radical.
En materia de descongestión, la reforma a la justicia propone “atribuir de funciones jurisdiccionales a notarios, centros de conciliación y arbitraje”, con el fin de agilizar el trámite y resolución de los procesos.
Además, dota de herramientas al Congreso de la República para crear nuevos criterios indemnizatorios relacionados con la responsabilidad precontractual, para disminuir el número de demandas contra el Estado.
Finalmente, el proyecto propone en materia penal que ninguna persona podrá estar privada de la libertad de manera preventiva por más de 12 meses, descongestionando los centros penitenciarios y protegiendo los derechos de los procesados.
Otros proyectos radicados
El partido Cambio Radical también radicó otros proyectos de ley para reglamentar la consulta previa, crear un nuevo régimen departamental y entregar alivios económicos a los jóvenes colombianos.
Con la reglamentación de la consulta previa, se busca establecer reglas claras para su funcionamiento, definiendo responsabilidades y obligaciones claras de quienes intervienen en este proceso.
La reforma al régimen departamental busca otorgarle más recursos a esas entidades territoriales fortaleciendo el control sobre los mismos, mejorar su capacidad administrativa y disminuir los índices de corrupción.
Finalmente, Cambio Radical pretende que se eliminen algunos requisitos que hoy exigen las empresas para la contratación de jóvenes, así como estimular la creación de nuevas empresas por parte de este sector poblacional.
