El Canal 1 anunció que impugnará el fallo de tutela que negó sus pretensiones contra el Gobierno de Gustavo Petro, llevando el caso al Tribunal de Cundinamarca. La disputa gira en torno a la libertad de expresión y la vigencia de su concesión hasta 2037.
El Canal 1 confirmó que apelará la decisión judicial que declaró improcedente la tutela interpuesta contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La acción buscaba frenar lo que la empresa considera una estrategia del Gobierno para debilitar su operación y poner en riesgo la concesión vigente hasta 2037.
La impugnación será revisada en segunda instancia por el Tribunal de Cundinamarca, en medio de un debate nacional sobre la libertad de prensa y la seguridad jurídica de los medios de comunicación.
Plural Comunicaciones S.A.S., operador del Canal 1, sostuvo que pese a contar con una concesión vigente, pasó de recibir avales oficiales a enfrentar investigaciones, requerimientos y anuncios públicos sobre una posible nueva licitación. Según la compañía, estas actuaciones han generado incertidumbre sobre el contrato, afectado su reputación y presionado su línea editorial.
La tutela buscaba garantizar la independencia del medio y evitar que decisiones administrativas condicionaran su operación. Para Canal 1, el fallo de primera instancia dejó sin resolver los asuntos de fondo y no despejó los riesgos que enfrenta su continuidad.
El juzgado administrativo que conoció la tutela concluyó que la acción no cumplía con el requisito de subsidiariedad, al considerar que el concesionario aún cuenta con otros mecanismos judiciales y administrativos para controvertir las actuaciones del MinTIC y de la SIC.
Por ello, el despacho se abstuvo de pronunciarse sobre el fondo del debate y declaró improcedente el amparo. El juez también señaló que no podía intervenir en procesos administrativos o contractuales en curso ni anticipar decisiones sobre eventuales licitaciones o sanciones.
La decisión generó reacciones inmediatas. Sectores de oposición acusaron al Gobierno de una “expropiación disfrazada”, mientras que defensores de la administración Petro argumentaron que el fallo demuestra que existen canales institucionales para resolver las controversias.
El caso ha reavivado el debate sobre la libertad de prensa en Colombia y sobre el papel del Estado en la regulación de los medios de comunicación. Analistas advierten que la incertidumbre sobre la concesión podría afectar la confianza de inversionistas y la estabilidad del sector.
Con la apelación, el Tribunal de Cundinamarca deberá evaluar si las actuaciones del Estado afectan garantías constitucionales básicas y la seguridad jurídica de Canal 1. Mientras tanto, el medio aseguró que continuará operando con normalidad y defendiendo el ejercicio libre del periodismo.
La expectativa está puesta en el fallo de segunda instancia, que podría marcar un precedente sobre la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación en Colombia.
