El registrador nacional Hernán Penagos advirtió que algunos precandidatos presidenciales habrían intentado manipular el proceso de recolección de firmas presentando fotocopias y formularios en blanco, lo cual complica la validación de los más de 28 millones de apellidos entregados para avalar candidaturas rumbo a las elecciones de 2026.
Para las elecciones presidenciales de mayo de 2026 en Colombia, 22 aspirantes recogieron un total récord de cerca de 28,5 millones de firmas con el objetivo de obtener el aval ciudadano que les permita inscribir sus candidaturas oficialmente. Esta cifra representa un incremento significativo frente a los 10 millones de firmas presentadas en el ciclo electoral anterior, un salto de casi 180%.
La exigencia legal para que un grupo significativo de ciudadanos pueda convertir su recolección de apoyos en una candidatura es alcanzar al menos el 3% de los votos válidos de la elección presidencial anterior, lo que se traduce en más de 635.000 firmas válidas por aspirante ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Sin embargo, la enorme cantidad de rúbricas obliga a la entidad electoral a emprender un proceso de verificación técnico y minucioso, que combina herramientas de inteligencia artificial, análisis de datos, revisión grafotécnica y trabajos manuales por parte de cientos de supernumerarios que colaboran en la tarea. El plazo máximo para concluir esta revisión fue establecido hasta el 21 de enero de 2026.
El registrador Hernán Penagos reveló que, durante la entrega de planillas, se detectaron irregularidades graves en algunos paquetes de firmas presentados por precandidatos. Según sus declaraciones, cerca de 800.000 documentos de uno de los aspirantes contenían fotocopias o formularios impresos que no cumplían los requisitos legales, lo que considera un intento de “burlar” los mecanismos de control del organismo electoral.
Penagos precisó que, además de las copias, se encontraron aproximadamente 600.000 planillas sin diligenciar, lo que implica que esos respaldos ciudadanos carecen de firma o identificación válidas y no pueden ser computados como apoyos legítimos. El registrador no reveló nombres de los implicados, argumentando respeto por los procesos de verificación y la presunción de inocencia.
Las advertencias sobre irregularidades han generado preocupación en sectores políticos y en la opinión pública, pues ponen en tensión uno de los mecanismos más participativos del proceso electoral colombiano: la posibilidad de inscribir candidaturas sin partido mediante el respaldo ciudadano directo. Analistas recuerdan que, pese a su importancia para la democracia, la recolección de firmas suele enfrentar desafíos de calidad de datos y tasas altas de rechazo debido a errores formales o duplicados.
Ante la magnitud del reto, la Registraduría ha subrayado que la revisión no es un trámite automático, sino un procedimiento verificable y sujeto a la ley, que busca proteger la participación ciudadana y garantizar que solo quienes cumplan con los requisitos puedan competir en las urnas.
El cronograma y lo que sigue
La entrega de firmas por parte de los comités cerró en diciembre de 2025, y a partir de este 5 de enero la Registraduría comienza a anunciar públicamente qué precandidatos cumplen con los requisitos para avanzar hacia la inscripción formal de su candidatura presidencial por firmas.
Este proceso es clave en el calendario electoral de 2026, que también incluye otras etapas como la inscripción de candidatos por partidos políticos y las consultas interpartidistas que definirán candidaturas dentro de las colectividades.
Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026, y la verificación de firmas es uno de los primeros filtros administrativos que determinan quiénes podrán competir en esa cita. La labor de la Registraduría —aun en medio de cuestionamientos— busca que el proceso tenga transparencia y rigor técnico, apoyándose tanto en tecnologías modernas como en equipos especializados para examinar miles de planillas.
