La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 25 personas que presuntamente gestionaron ilegalmente trámites en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), regional Tolima a cambio de recibir dinero y dádivas.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas durante dos años, los hoy procesados al parecer detenían las peticiones que realizaban los usuarios, direccionaban trámites de manera irregular a otras áreas, tramitaban de manera fraudulenta licencias ambientales para beneficiar constructoras sin importarles el daño ambiental en ecosistemas en ese departamento, entre otras acciones.
Entre los procesados se encuentra el director territorial del IGAC Tolima, Mauricio Fernando Mora Bonilla, 14 funcionarios de la entidad, y el cabecilla de la organización criminal Los del Instituto, Luis Carlos López Guevara, quienes al parecer concertaban para cometer actos de corrupción al interior del instituto.
En las audiencias concentradas el ente acusador les formuló cargos a los investigados según su grado de participación y posible responsabilidad, por delitos como: concierto para delinquir, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, daño en los recursos naturales y ecocidio, prevaricato por omisión y acceso abusivo a un sistema informático.
Por su parte, una juez de control de garantías de Ibagué decidió enviar a la cárcel con medida de aseguramiento preventiva a 5 personas, otorgó 11 medidas domiciliarias, 3 no privativas de la libertad y 5 libertades.
Los indiciados fueron capturados el pasado 1 de diciembre por servidores del CTI adscritos a la Unidad de Administración Pública, con el apoyo de otras unidades en diferentes diligencias de allanamiento y registro realizadas en varios municipios del Tolima, Barranquilla y Bogotá.
Medidas carcelarias
Luis Carlos López Guevara contratista y presunto cabecilla del grupo delictivo, al parecer, conseguía los clientes y hacía los contactos con sus cómplices para el trámite de todo tipo de documentación de acuerdo a las necesidades del solicitante. Fue el único que aceptó todos los delitos imputados.
Mauricio Fernando Mora Bonilla, director territorial, habría abusado de sus funciones, dando agilidad a los trámites que de manera especial le presentara Luis Carlos.
Daniel Francisco Flórez Castro, Camilo Alejandro Chamorro Rojas y Carlos Javier Lugo Botero.
Medidas domiciliarias
Juan Alexánder Roa Lozano, secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Ambalema. Habría ofrecido una cava de pescado a funcionarios del IGAC, a cambio de trámites de un predio en el municipio. Renunció a su cargo durante el proceso.
Marlon Mauricio Solano Colmenares, topógrafo de la entidad.
Manuel Antonio Lis Díaz, ingeniero, se presume sería quien permitía el acceso al sistema de la entidad para hacer trámites irregulares.
Julián Felipe Charry Reyes, oficial de Catastro. Renunció durante el proceso.
Sandra Alejandra Villalo Rojas y Yussi Yarleth Sierra, al parecer, ingresaron de manera irregular al sistema del Igac de manera remota desde sus casas para hacer trámites y proyectar resoluciones.
Diego Armando Reyes Ávila, oficial de Catastro del IGAC. Renunció durante el proceso.
Fabián Ardila Roa, funcionario. Renunció durante el proceso.
Fernando José Alcántara Guzmán, funcionario de Cortolima.
Cristhian Daniel Calderón Caballero. Renunció durante el proceso.
Andrea Milena Gutiérrez Galindo, contratista, que habría notificado de actos administrativos fraudulentos.
Óscar Fernando Cardozo Osuna, funcionario de Cortolima.
Medidas no privativas
Rubiela Carreño Duarte y Antonio José Castillo Páez ingenieros de la constructora que adelantaba trabajos en el predio Viña del Carmen en Carmen de Apicalá, donde se usó maquinaria amarilla atentando contra el ecosistema.
Edwin Andrés Gutiérrez, era quien estaba a cargo de la obra que se adelantaba en dicho predio.
