La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el entonces alcalde de San Joaquín, Santander, Jaime Alejandro Padilla Estupiñán (2012-2015) y el secretario de Planeación, Javier Castellanos Piñeres, por presuntas irregularidades en el Convenio de Asociación 101 de 2015 por $1.122’000.000.
La Procuraduría cuestionó a los investigados por presuntamente recibir y liquidar el convenio suscrito con Gas and Oil Engineering S.A. E.S.P. (Empresa de Servicios Públicos), con el objeto de aunar esfuerzos para la masificación de gas domiciliario por redes, sin que las obras estuvieran ejecutadas en su totalidad.
Para el Ministerio Público los implicados tenían la obligación de “verificar que el convenio se hubiese ejecutado a cabalidad antes de suscribir tanto el acta de recibo final como liquidación del convenio, comportamiento que atenta contra el principio de moralidad administrativa previsto en la Constitución”.
Con esta presunta conducta los exfuncionarios podrían haber transgredido el principio de responsabilidad establecido en el numeral 7 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, por posiblemente apartarse del cumplimiento de su deber de vigilar la correcta ejecución del convenio.
La Procuraduría Provincial de San Gil calificó provisionalmente las presuntas faltas como gravísimas cometidas a título de culpa gravísima.
Padilla Estupiñán y Castellanos Piñeres podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.
