La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la representante legal de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda, Luisa Fernanda Flórez Rincón, por presuntas irregularidades y supuestos actos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander vigencia 2016, por más de 23.800 millones de pesos.
El órgano de control cuestionó supuestas conductas penales de falsedad material en documento público y privado, las cuales al parecer cometió la investigada cuando ejecutó el Contrato 601 del 21 de abril de 2016, suscrito con la Gobernación de Santander para la entrega del complemento alimentario a 100.000 estudiantes beneficiarios con el PAE, lo que habría permitido que el propietario de la cooperativa, Germán Trujillo Manrique, se apropiara ilegalmente de $2.159.794.618 provenientes de recursos del Estado para operar el programa.
El contrato con la cooperativa tuvo dos adiciones, la primera del 21 de abril de 2016 por $6.706′.355.076, y la segunda por valor de $5.216.053.948.
La Procuraduría reprochó la conducta de Flórez Rincón, quien habría utilizado comprobantes de egreso y supuestas facturas y/o transferencias con proveedores ficticios, para justificar la presunta compra de frutas, huevos, tamales, panes, tortas, cárnicos, y otros productos.
Para el ente de control la representante legal habría incurrido en falta disciplinaria como particular que cumple una función pública, porque al parecer con su conducta generó un posible detrimento patrimonial al Estado, en desmedro de la efectividad de la prestación que materializaba el derecho a la educación de los niños y niñas de Santander.
Agregó que la investigada pudo haber inobservado el principio de moralidad a la hora de dar cumplimiento a su rol como operadora del PAE, y al parecer no actuó con rectitud, lealtad, honestidad y cometió posiblemente delitos para que terceros se apropiaran de recursos públicos.
Cargos a exsecretaria de Educación e interventor del PAE
El órgano de control formuló pliego de cargos a la secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona García (2016-2017), por posible vulneración de los principios de economía, responsabilidad, transparencia, y el deber de selección objetiva de la contratación estatal, por el presunto direccionamiento del Contrato 601, a favor de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda.
La Procuraduría reprochó que en los requisitos habilitantes se establecieron condiciones que pudieron restringir la participación de oferentes, y se habría favorecido a la cooperativa.
El ente de control también endilgó cargos al representante legal del Consorcio Interventoría Alimentarte 2016, Fernando León Medina Monsalve, por presunta omisión en su deber de informar los hechos que podían constituir actos de corrupción, o que ponían en riesgo la ejecución del contrato, y que al parecer permitieron que terceros se apropiaran de dineros públicos destinados a la alimentación escolar.
Al parecer el investigado participó en la suscripción de las actas de recibo parcial 01, 02, 03, 04, 05, 06, la de recibo final y la de liquidación del año 2016, en la que habría que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, sin que al parecer advirtiera las irregularidades presentadas durante su ejecución del negocio jurídico.
El órgano de control calificó provisionalmente las presuntas faltas de los investigados como gravísimas a título de dolo.
