Por: Pablo Arteaga/ No hay mal que dure cien años ni pueblo que lo resista, dirían los abuelos con palabras suaves llenas de sabiduría, que solo el tiempo y el trasegar de los años les dejan a esos sabios las experiencias de la vida.
Desde la Constitución de 1991, ha habido muchos cambios sustanciales en las condiciones laborales y la calidad de vida de los colombianos, los cuales han estado motivados por los intereses de los que desde entonces tomaron el poder en nuestro país.
Los primeros golpes se los dieron a la estructura que mantenía económicamente la dinámica social y empresarial del Estado, colocando en riesgo a sectores sensibles y esenciales al servicio de la sociedad colombiana, tales como la salud, educación, laboral y pensional; cuatro pilares que le brindaban garantías y equilibrio en sus condiciones de vida al pueblo colombiano.
Es así como aparece en 1993 la Ley 100, que, según el Ministerio de Salud esta se creó para hacer frente a un sistema de atención en salud inequitativo con serios problemas de acceso y calidad para la mayor parte de la población colombiana, que finalmente lo que generó fue la tercerización de sistema a empresas privadas que más allá de un compromiso social con la población solo vieron en esta una oportunidad de enriquecerse a costillas de los colombianos.
La realidad de nuestro país es otra, cada día que pasa la prestación del servicio de salud es cada vez más precaria y discriminatoria. El sistema se convirtió en un sistema de salud correctivo mas no preventivo, lo cual incrementa los costos de operación a largo plazo, generando ineficiencia en todo el sistema e inviabilidad económica, agravante que a amentado las precarias condiciones laborales a los profesionales que prestan sus servicios al sector. En tal sentido los constructores de esta ley, al parecer, se olvidaron de estos héroes de la vida que día a día le entregan todo al sistema de salud.
El sistema de pensiones fue otro eslabón de esta venenosa ley, con ella nacieron los fondos de pensiones privados como parte de la reforma de seguridad social creada por el Sistema de Seguridad Integral en Colombia, en el marco de la Ley 100 de 1993, los cuales recaudan gran parte de los dineros de las pensiones de los colombianos, los cuales son usados para prácticas comerciales en las bolsas de valores, poniendo en riesgo la seguridad pensional de sus afiliados. Igualmente, a esto se han sumado los aumentos de la edad de pensión que, desde creada la mencionada ley, han ido aumentando gradualmente. Hoy la edad es 57 años para mujeres y 62 años para los hombres.
A muchos afiliados en sus extractos de fondo de pensiones, seguramente les aparecerá un ítem titulado rendimientos del trimestre, allí se llevarán una no muy agradable noticia, ya que encontrarán que su rendimiento fue negativo para el primer trimestre del año 2020, en un porcentaje cercano al -519% en el trimestre, frente a lo cotizado, más explícitamente, si usted paga 127 mil pesos de aportes obligatorios abonados a la cuenta de ahorro individual en el trimestre, encontrarán que el rendimiento de sus cuenta en el trimestre estuvo alrededor de -660 mil pesos.
Ahora la pregunta que nos atañe es: ¿Si el fondo de pensiones en el cual usted hace su cotización, en un caso hipotético llegase a declararse en insolvencia o como popularmente conocemos en quiebra, por malas operaciones de inversión en las bolsas de valores, ¿quién les responderá a los afiliados por sus ahorros pensionales? ¿Quién terminará pagando ese hueco fiscal? ¿será el pueblo colombiano, como ha sucedido en otras ocasiones, caso sector bancario, caso Electricaribe, etc?
Es un hecho, que debido a la caída de las bolsas a nivel mundial y la recesión económica generada gracias a la pandemia del coronavirus Covid-19, los fondos de pensiones privados han tenido grandes pérdidas debido a las operaciones antes mencionadas y que hoy se han visto trasladadas a sus afiliados, por alguna razón también se ha visto un alto interés por parte del gobierno nacional en los últimos días en darle viabilidad a los traslados de pensiones exprés y vuelve a asaltarme una pregunta: ¿Sera que el gobierno nacional estará pretendiendo después de más de 27 años de cotización de estos fondos privados trasladarle la responsabilidad de futuro pensional a Colpensiones?
¿Sera hora de acabar la con la tan mencionada Ley 100 de 1993? ¿Necesita Colombia una reforma pensional y de salud? ¿Qué más necesita el pueblo colombiano para despertar y levantarse en contra de los corruptos que han vendido nuestro país?
*Profesional en Comercio Internacional y Especialista en Gerencia de Proyectos.
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