«Le he dicho a la fiscal que no formo parte de ninguna red criminal, voy a demostrar mi inocencia», dijo Castillo a los periodistas tras concluir la diligencia que duró una hora.
«A nadie he robado, a nadie he matado, acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo», agregó, tras retornar a la sede del Ejecutivo.
«Eso he respondido a la fiscalía», acotó Castillo, quien enfrenta un récord de cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción, una situación inédita en Perú para un mandatario en ejercicio.
Su abogado Benji Espinoza precisó que el presidente hizo una declaración general ante la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pero luego le comunicó que ejercería su derecho a no responder preguntas.
«Por este momento, va a ejercer su derecho constitucional a guardar silencio», aclaró el letrado en rueda de prensa.
La estrategia legal será asistir a las próximas citaciones, pero no responder preguntas, según la defensa.
Castillo acudió a la citación sorpresivamente luego que el miércoles su defensa anunciara que no iría, cuestionando la imparcialidad de la fiscalía.
La causa por la que Castillo acudió este jueves es sobre ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, donde se investiga una denuncia de pagos a cambio de promociones.
La fiscalía tiene en la mira al mandatario izquierdista, en el poder desde hace 12 meses, por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por causas que involucran a su entorno político y familiar.
A diferencia de la primera vez en que Castillo declaró por cuatro horas el 27 de junio, esta vez la presidencia estrenó una nueva estrategia y optó por callar.
El cambio ha sido notorio a partir de la entrega a la justicia, hace una semana, del exsecretario de la presidencia de Perú, Bruno Pacheco, uno de los hombres más buscados de Perú.
Pacheco se entregó tras permanecer prófugo más de 100 días y, según la prensa local, sus primeros testimonios a la fiscalía salpican al presidente peruano.
La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, pero no avanzar en las indagaciones en su contra, sostiene la fiscalía. El mandato de Castillo, un exmaestro rural de 52 años, culmina en julio de 2026.
