Defensoría del Pueblo señala que estas dinámicas se enmarcan en un contexto más amplio de movilidad humana forzada, en el que convergen múltiples factores de riesgo.
En el primer trimestre del 2026, Cauca fue el departamento más afectado por confinamiento en Colombia, fenómeno que afectó a más de 9.300 personas. La movilidad de sus habitantes fue interrumpida, principalmente, en los municipios de Guapi, Santander de Quilichao, Sucre y Timbiquí a causa de las variadas dinámicas provocadas por el conflicto armado interno.
Este seguimiento está consignado en un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, que realiza mes a mes, sobre población en movilidad humana.
A nivel nacional hubo 26 eventos de confinamiento que impactaron a 39.807 personas entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Esto evidencia la magnitud de la problemática.
Le siguieron a Cauca, los departamentos de Chocó (7.765 personas confinadas), Caquetá (5.030), Antioquia (5.023) y Bolívar (3.882). La situación da cuenta de la concentración del confinamiento en regiones con alta presencia de actores armados ilegales y débil presencia institucional.
Las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (EGC), la guerrilla del ELN, las estructuras disidentes de las extintas Farc y las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) habrían sido los directos responsables de los eventos de confinamiento, informó la Defensoría del Pueblo en un comunicado hecho público.
Manifestó además de la misma forma que mediante amenazas, incursiones, homicidios, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y el uso de artefactos explosivos, los grupos armados imponen restricciones a la movilidad, afectan el acceso a alimentos, a servicios de salud y educación, y profundizan la vulnerabilidad de las comunidades, particularmente de poblaciones indígenas y afrodescendientes.
En el mencionado periodo, al menos 17 comunidades étnicas fueron impactadas por estos eventos, lo que evidencia afectaciones desproporcionadas sobre poblaciones con especial protección constitucional.
La Defensoría del Pueblo señala que estas dinámicas se enmarcan en un contexto más amplio de movilidad humana forzada, en el que convergen múltiples factores de riesgo.
De enero a marzo, la entidad documentó 40 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 7.668 personas, mientras que 25.191 se vieron en la obligación de desplazarse por eventos asociados a factores ambientales, particularmente en el departamento de Córdoba. A esto se sumaron 25.585 migrantes en tránsito irregular.
La Defensoría del Pueblo recomendó una mayor presencia institucional integral y permanente en los territorios afectados, activar y fortalecer las rutas de prevención y protección e implementar acciones con enfoque diferencial, garantizando la incorporación de los enfoques étnico, de género, etario y territorial, de acuerdo con las particularidades de las comunidades perjudicadas.
Foto: Defensoría del Pueblo /
