La Unión Temporal Centros Poblados, a la que el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (MinTIC) le caducó el contrato por $1,07 billones para llevar internet a más de 7.000 colegios públicos del país, convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa para dar detalles de cómo avanzaba la ejecución del contrato y cómo se invirtieron los recursos del anticipo entregado por $70.000 millones, por lo que advirtieron que estos recursos no serán devueltos al Ministerio en dinero.
El primero en intervenir en la rueda de prensa fue Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal, quien en un principio señaló que el proyecto “tenía una particularidad y es que no todos los lugares tienen energía, por lo cual resultaba necesario conectar los puntos con una solución solar que les permita energizar a los equipos y prestar el servicio. El proyecto tenía que estar terminado por completo en mayo de 2022”.
Agregó que “teníamos que hacer varias cosas. Luego del diseño vinieron las adquisiciones, había que optimizar los recursos y compramos bajo economía de escala, teníamos que hacer una gran compra que se entregara en el tiempo y se pagara en el tiempo, eso lo queríamos para ir cumpliendo las metas temporales del proyecto”.
Pero a renglón seguido Duque explicó: “Qué nos pasó en el tema de inversiones, las fábricas el año pasado en medio de la pandemia estaban cerradas y los impactos no desaparecieron”.
“Qué ocurrió con las instalaciones, tuvimos inconvenientes sí, pero se lo comunicamos directamente al viceministro. Tuvimos un retraso, pero fue un retraso superado, cumplimos las metas y las dificultades que hubo las superamos”, detalló Duque.
No obstante, Duque indicó que “el proyecto estaba partido en cuatro metas. La primera era entregar todos los documentos de planeación un mes después de firmado el contrato, la cumplimos. La siguiente meta se cumplía el primero de marzo, la entregamos, era 372 estudios de campo, análisis de cómo llegar a los sitios y hacer las instalaciones. La siguiente meta era el 31 de julio, 2.871 estudios de campo y lo entregamos, decir que Centros Poblados no había cumplido las metas no es cierto, nosotros cumplimos con las tareas plasmadas en el pliego. La próxima meta era el 28 de febrero de 2022, esa meta va 12,3% de cumplimiento, los estudios de campo están avanzando, se cumplieron”.
“Hoy hay 1.002 centros digitales instalados en Colombia”, subrayó Duque.
¿Dónde está el anticipo por $70.000 millones?
Duque comentó que “las condiciones que quedaron plasmadas establecían que el contrato estuviera perfeccionado y existiera un plan de inversión para acceder al anticipo, y eso se cumplió”
Duque especificó que “estaba establecido desde el primer día que existía una fiducia, adelantamos los contratos de fiducia, de mandato. Salen los recursos de la entidad a una fiducia, salen el diez de febrero, no tuvimos acceso a ellos, pudimos acceder a esos recursos desde el mes de abril, eso quiere decir que desde enero, febrero, marzo y abril cubrimos con recursos propios”.
“Dónde está la plata, en tres lugares, utilizamos $26.000 millones en la compra de equipos para hacer las 1.0002 instalaciones, el resto está en bodegas nuestras, $20.000 millones en equipos en bodegas y los otros recursos restantes están en equipos en aduanas”.
En ese sentido, y complementando lo dicho por Duque, el abogado de Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, advirtió que si finalmente no se acepta la acción de tutela en el Juzgado Civil de Barranquilla y se formaliza la caducidad del contrato, «no podemos hacer la devolución de los $70.000 millones porque ya están invertidos en equipos, lo que haremos es entregar los equipos al Ministerio cuando se liquide el contrato».
Luis Fernando Duque contó que “hoy a las 9 a.m. la Contraloría nos está haciendo visita a nuestras bodegas, hay algo con lo que nadie pelea y son los soportes, y los soportes dicen que los equipos están en las bodegas”
Duque Concluyó que “el avance de proyecto a hoy va en 5% del tiempo, el presupuesto se ejecutó en 6,55%, esto apenas estaba comenzando, hemos colocado recursos adicionales que ya superan los $15.000 millones”.
Demanda contra la Nación
Si no llegase a prosperar la acción de tutela que está en manos del Juzgado Civil de Barranquilla para frenar la caducidad del contrato, la Unión Temporal Centros Poblados demandará a la Nación y buscará una indemnización.
El apoderado legal de Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, aseguró que “la demanda contenciosa en primer término lo que busca es la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad, esa es la idea principal. Pero con la declaratoria de caducidad, genera la terminación de los contratos en ejecución y adicionalmente una inhabilidad para celebrar contratos por cinco años, entonces los integrantes de la Unión Temporal tienen derecho a demandar, que se les cancele la utilidad que fuera recibido si se les fuera permitido terminar la totalidad de los contratos que están en ejecución y como consecuencia de la caducidad no pueden terminar”.
