La ampliación del objeto social y una presunta inflación de patrimonio para cumplir con los requisitos en el proceso de adjudicación, están entre los hechos bajo la lupa de las autoridades que investigan el caso Centros Poblados.
En los miles de documentos que hoy son analizados en el proceso por el caso de Centros Poblados hay dos hechos que tienen la atención de organismos de control y autoridades.
El primero está marcado con la fecha 18 de agosto de 2020. Ese día se publicó la oferta del contrato del Ministerio de las TIC para la interconexión de zonas rurales y creció el patrimonio de Omega Buildings de 5’000.000 a 23.000 millones de pesos.
El incremento patrimonial en cerca de 18.000 millones de pesos se constituyó en una situación a favor de la intención de la unión temporal por hacerse al contrato.
En los mismos registros se constató que la empresa es la única de las cuatro de Centros Poblados que nunca había contratado con el Estado, hasta el pasado mes de diciembre.
Los datos son públicos, están en el Registro Único Empresarial y no fueron advertidos antes.
El segundo hecho bajo la lupa de las autoridades tiene que ver con lo ocurrido entre el mes de octubre de 2020, días antes de la presentación de ofertas del contrato MinTIC y el mes de diciembre, previo a la adjudicación.
Entre esas fechas, tres de las cuatro empresas que hacen parte de Centros Poblados y dedicadas a construir vías de ferrocarril y edificios, ampliaron su objeto social para poder instalar infraestructura relacionada con Internet.
En la investigación las autoridades ya cuentan con las denominadas mallas empresariales con las que intentan averiguar hasta donde llegaba el poder y cobertura de contratación de Centros Poblados.
La Unión Temporal Centros Poblados está integrada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic); Intec de la Costa; ICM Ingenieros, y Omega Buildings.
